La Abogacía del Estado desautoriza el informe de los Franco: "Un trabajo escolar"

"Más un trabajo escolar que un trabajo pericial riguroso". A la Abogacía del Estado no le han hecho falta ni diez palabras para desacreditar el informe presentado por la familia Franco ante el Tribunal Supremo  para oponerse a la negativa del Gobierno de reinhumar los restos del dictador en la cripta La Almudena.

Según los servicios jurídicos del Estado, este documento solo dedica ocho de sus 32 páginas a la valoración de prueba necesaria para justificar por qué deberían declararse nulos los acuerdos del Consejo de Ministros sobre la exhumación. Las otras 24 son, según la Abogacía, solo apreciaciones, opiniones y declaraciones de miembros del Gobierno.

En el escrito de conclusiones presentado el pasado 2 de septiembre ante la Sala Tercera del Supremo, la Abogacía desautoriza así el escrito presentdo por los Franco, esgrimiendo que se aleja de la necesaria argumentación jurídica. En opinión de la Abogacía, el documento adolece de "falta de rigor" porque se trata de "la opinión de tres personas que se presentan como expertos en seguridad" y cae en "defectos, errores y omisiones" como basarse en fuentes de información obtenidas en la mayoría de los casos de búsquedas de internet". En definitiva, el informe de los Franco es parcial y "se presenta como científico y no lo es".

El Ejecutivo esgrimió en su momento un informe de la Delegación del Gobierno en Madrid para justificar su rechazo a llevar los restos de Franco a La Almudena, alegando riesgos de seguridad y de orden público.

Mingorrubio, el lugar idóneo

Ante la falta de acuerdo con la familia, el Gobierno dispuso que los restos del dictador, una vez sean exhumados del Valle de los Caídos, se trasladen al mismo panteón donde está enterrada la mujer del dictador en el cementerio del Pardo-Mingorrubio y que es titularidad del Estado.

El escrito de conclusiones de la Abogacía incide en que este emplazamiento de Mingorrubio no plantea problemas de seguridad dado que está alejado del centro de la ciudad, se trata de un panteón cerrado y por tanto no se presta a que se convierta en lugar de culto del dictador franquista, mientras que se preserva el derecho a la intimidad de la familia, a la que se asegura un lugar de enterramiento digno y adecuado para su abuelo.

La exhumación de Franco, que el Gobierno previó llevar a cabo el pasado 10 de junio, quedó en suspenso al admitir el Supremo el recurso presentado por la familia contra la decisión. El Alto Tribunal decretó la paralización cautelar del procedimiento, que quedó a expensas de que el Supremo entre en el fondo del asunto y emita su fallo al respecto.