Concejales de Badalona tildan de "acto político" haber atendido a los ciudadanos el 12-O

El que fuera teniente de alcalde de Badalona en la etapa de la alcaldesa Dolors Sabater (Guanyem Badalona-en Comú)y actual concejal por ERC Oriol Lladó ha calificado este miércoles en el juicio que se celebra contra él y otros cinco regidores de este municipio de "acto político" la decisión de que los cargos electos atendieran el 12-O del 2016 a los ciudadanos en dependencias del ayuntamiento, pero ha defendido que, a su entender, cumplieron con el mandato judicial de prohibición de la apertura remitiendo un correo electrónico a los empleados de que no podían ir a trabajar. El resto de los acusados se han acogido también a esa tesis. La fiscalía reclama para cada uno de ellos 15 meses de inhabilitación y una multa de 4.200 euros por desobediencia grave.

En pleno auge del proceso independentista en Catalunya, el entonces nuevo equipo de gobierno municipal de Sabater en Badalona, en el que había concejales próximos a los Comuns, ERC y la CUP, apostó por abrir sus puertas el 12-O de 2016, como muestra de su rechazo a la celebración del Día de la Hispanidad.

La entonces alcaldesa Sabater -que no será juzgada porque cuando ocurrieron los hechos estaba de viaje oficial-, ofreció a los trabajadores municipales que lo desearan la opción de convertir el 12 de octubre en día laborable, "a cuenta del 9 de diciembre, para poder disfrutar del puente de la Constitución".

Sin embargo, un día antes del 12-O un juzgado de Barcelona dio la razón a la Delegación del Gobierno en Catalunya, encabezada entonces por Enric Millo (PP), y prohibió al consistorio abrir sus locales al público y trabajadores, ante el "perjuicio irreparable" que supondría para el interés general o colectivo en la celebración del Día de la Hispanidad.

Con ciudadanos

Pese a ello, según la fiscalía, los seis concejales que este miércoles se sentarán en el banquillo, con un "evidente desprecio" hacia la administración de justicia y con "afán de privar de eficacia" la orden judicial que les impedía abrir el consistorio, accedieron ese día en el Ayuntamiento acompañados por ciudadanos "a los que atendieron personalmente, rellenando de su puño y letra, en algunos casos, instancias genéricas", que se registraron al día siguiente.

Se trata en concreto de los entonces concejales Oriol Lladó (ERC) -que ese día ejercía como alcalde en funciones-, José Téllez (CUP) -que ya fue absuelto en otro juicio por arrebatar propaganda del 1-O que había incautado la policía local, para devolverla a grupos de independentistas- Agnès Rotger (ERC) y Eulàlia Sabater, Fàtima Taleb y Francesc Duran, de Guayem Badalona.

Lladó ha admitido durante la vista que le notificaron el día anterior al 12-O una resolución del juzgado y que tras reunirse con técnicos municipales, entre ellos el jefe de la asesoría jurídica, se decidió remitir un correo electrónico a todos trabajadores de la administración local comunicando que no podían trabajar ese día festivo, a pesar del acuerdo que se había llegado con los sindicatos. El hecho de que un grupo de cargos electos, entre ellos él mismo, atendieran esa jornada a ciudadanos en el vestíbulo del ayuntamiento, ha sostenido, fue una "decisión política" y que lo que se pretendía era dar un "mensaje político" de que el 12-O "no es una fiesta compartida". Los cargos electos atendieron a más de un centenar de personas, pero no sellaron ningún documento ni hicieron actos administrativos. 

Antes de abrir el ayuntamiento el 12-O de 2016, el entonces concejal José Téllez rompió ante los periodistas una copia del auto del juez que les impedía facilitar el acceso a los ciudadanos al edificio consistorial. En fase de instrucción, los concejales alegaron que actuaron legítimamente para defender la soberanía local y acusaron al PP de instrumentalizar la justicia. "Había una presión desmedida y de intentar coartar nuestros derechos", ha afirmado Lladó. Tellez ha recalcado: "Estabamos haciendo política y ejerciendo nuestro derecho a la representación política", y argumento su situación procesal a ser "víctima de una persecución política del PP". El resto de acusados también se refirieron a que la acción fue una mera acción política. "Hicimos lo que hacemos cada día, atendiendo a la gente. Nosotros no tenemos festivos", ha puntualizado Fàtima Taleb.

"Escenificación"

En un primer momento y tras meses de investigación, el juez instructor de la causa acordó en enero del 2017 archivar la causa contra ellos, al concluir que se limitaron a cometer una "escenificación", que no constituye delito porque "el derecho penal no castiga las performances". El togado precisó "una mera 'perfomance'" y resaltó que los concejales hicieron creer "muy hábilmente" que desobedecían, pese a que sabían que no lo estaban haciendo.

No obstante, pocos meses después, en mayo de 2017, la Audiencia de Barcelona estimó el recurso de la Fiscalía y ordenó reabrir la causa, al sostener que los concejales "desatendieron" un mandato judicial que les obligaba a abstenerse de abrir las dependencias municipales a los ciudadanos y empleados.