Catalunya y España esperan sentencia

El otoño se ha convertido en la canícula de la política catalana y el de este 2019 no va ser una excepción. El curso político que arranca este lunes puede vivir en cuestión de pocas semanas el desenlace en paralelo de las legislaturas catalana y española. Esta última tiene fecha de caducidad: el 23 de septiembre se convocarán para el 10 de noviembre las cuartas elecciones generales en cuatro años si Pedro Sánchez no logra desatascar una investidura a la que ni PSOE ni Podemos parecen ponerle muchas ganas. Y así, con un Gobierno central en funciones y quizás en precampaña, podría desatarse el seísmo más potente que se espera para este otoño: la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O.

El órdago que el independentismo inició hace justo dos años, con aquel turbulento pleno parlamentario del 6 y 7 de septiembre, desembocará en un veredicto que probablemente elevará el alto coste judicial que ya ha conllevado el 'procés', con 12 políticos presos, un 'president' inhabilitado, otro prófugo, un tercero pendiente de juicio y un reguero de altos cargos en fase de procesamiento o investigación.

La lupa europea

Desde el visto para sentencia, el tribunal presidido por Manuel Marchena ha mantenido reuniones periódicas que se retomarán este mes para remachar un fallo ya muy encarrilado. La previsión es que se dicte antes del 16 de octubre, fecha en la que habría que prorrogar la prisión preventiva de los Jordis al cumplir dos años. Además, dos días antes, el Tribunal de Justicia de la UE estudiará la inmunidad alegada por Oriol Junqueras después de que no se le permitiese recoger su acta de eurodiputado.

Los sectores más moderados abogan por una reacción al Supremo que no ponga en riesgo las instituciones

La lupa de la justicia europea, a la que se da por seguro que los acusados recurrirán si se les condena, es un factor clave en las deliberaciones de los magistrados, cuyo objetivo es concitar la unanimidad en la sentencia, pues será un documento que servirá para reactivar la euroorden de detención de Carles Puigdemont, sustentada ahora ya en una condena a sus ‘consellers’, e influirá en el juicio contra el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, que empezará el 20 de enero en la Audiencia Nacional. Pero, sobre todo, el fallo acotará el perímetro de algunos derechos fundamentales y políticos cara a futuras tentaciones unilaterales.

Precisamente, esos márgenes son los que se propone forzar de nuevo tras el dictamen judicial un sector del independentismo, coqueteando con la idea de la desobediencia civil. Pero ese ambiguo 'ho tornarem a fer' que promovió Òmnium y que hizo suyo el 'president', Quim Torra, no ha hecho más que acentuar la división entre los soberanistas y, sin ningún rubor ya, entre los socios del Govern. ERC clama por unas elecciones que ganaría según las encuestas y JxCat rehúye de ellas hasta que encuentre su identidad entre los cascotes de la antigua Convergència.

Líneas rojas

En este contexto, la gestión política de la sentencia ha derivado en una tormenta de ideas entre los actores del secesionismo, pero sin consenso alguno. Los sectores más moderados, encabezados por ERC, apuestan por combinar el etéreo concepto de la desobediencia civil con la preservación de las instituciones. Dicho de otro modo, agitación en la calle pero sin quebrar ahora la ley, para evitar un nuevo 155 que, a buen seguro, tendría mayor dureza que el anterior.

En el otro lado de la balanza, Torra, Puigdemont y las entidades flirtean con volver a cruzar el Rubicón. El actual 'president' ya ha sugerido que se invista de nuevo a su predecesor, algo que supondría desafiar al Tribunal Constitucional y a la propia ERC, pues la negativa del presidente del Parlament, Roger Torrent, a desacatar ese veto fue considerada por JxCat como la génesis de la desconfianza mutua.

Un fracaso en la negociación de los presupuestos de la Generalitat podría allanar el escenario electoral

Parece irremisible que el matrimonio de conveniencia sellado por Artur Mas y Junqueras en el 2012 tocará a su fin en los próximos meses, pero la espita que provoque el divorcio y la convocatoria electoral podría no ser la propia sentencia. El pretexto podría llegar desde Madrid: si hay generales en noviembre, es previsible que las catalanas se hiciesen esperar hasta el 2020.

Si no hay generales, Esquerra no quiere arriesgarse a ser tachada de traidora por haber forzado la ruptura del Govern y ha empezado ya a abonar el terreno para hacerlo más propicio. La idea de Torrent de ampliar el Ejecutivo a los 'comuns' y la CUP podría ser el paso previo a unas elecciones, tras conseguir una efectista imagen de unidad.

Otra pista de aterrizaje, más natural, serían los presupuestos, cuya negociación inicia esta semana el futuro candidato de Esquerra, Pere Aragonès, que ya ha advertido a sus escépticos socios potenciales (el PSC, los 'comuns' y la CUP) de que una nueva prórroga de las cuentas dinamitaría la legislatura. La última palabra, en todo caso, la tendrá Torra.