Ir a contenido

Decisiones de política tributaria

Las dos Españas fiscales

Madrid rompe el fuego con anuncios de nuevas rebajas fiscales

Otras autonomías se ven forzadas a subir impuestos para atender sus gastos

Rosa María Sánchez

La presidenta de Madrid, Isabel Ayuso, junto al presidente del PP, Pablo Casado.

La presidenta de Madrid, Isabel Ayuso, junto al presidente del PP, Pablo Casado. / JOSÉ LUIS ROCA

Entre "paraísos" e "infiernos" fiscales discurre el debate que enfrenta las diferentes políticas tributarias con las que se están estrenando los nuevos gobiernos autonómicos surgidos de las elecciones del 26 de mayo.

De promover un "paraíso fiscal" en Madrid, falto de solidaridad con el resto de los territorios, es de lo que acusan muchos líderes regionales (sobre todo socialistas) a la nueva presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP) tras haber anunciado que promoverá "la mayor rebaja fiscal de la  historia de la comunidad de Madrid"

Presidentes autonómicos de Castilla La ManchaValencia, AsturiasAragón  (todos del PSOE) ven 'dumping fiscal' (competencia desleal) en el anuncio de Ayuso de recortar los impuestos madrileños en 300 millones para “hacer que Madrid siga siendo el faro de España”, frente al “infierno fiscal” de otras comunidades, según dijo la nueva presidenta en su discurso de investidura.

"Contra los voceros del infierno fiscal, defiendo nuestra estructura tributaria y la justicia impositiva, que suponen un precio, sí: el precio de nuestro buen Estado de bienestar", le respondió el nuevo presidente socialista de AsturiasAdrián Barbón, en su propia sesión de investidura.

El banco de pruebas de Casado

La historia de las rebajas fiscales de Madrid acumula ya 17 años, desde que la expresidenta Esperanza Aguirre (PP) se empeñó en convertir la comunidad en el laboratorio de las políticas liberales en el que ahora pretende seguir ahondando su excolaboradora Ayuso.

Y se ha conseguido: Madrid ya es la comunidad con los impuestos más bajos de España; y la mayor parte de líderes políticos distintos del PP del resto de las autonomías creen que si la comunidad madrileña se puede permitir este gancho electoral es por las ventajas que supone ser la capital de España, en términos de mayor dinamismo económico.

Esta mayor inercia económica que permite al PP convertir a Madrid en banco de pruebas donde experimentar su ideario fiscal --a favor de menos impuestos y más espacio para el sector privado-- sin grandes riesgos de derrapar.

Con la rebaja fiscal que planea Ayuso el tipo máximo del IRPF se situará en Madrid en el 43%, nueve puntos por debajo del de Navarra (52%), seis puntos menor que el del País Vasco (49%) y a cinco puntos de Catalunya (48%), Andalucía, La Rioja o Asturias. Madrid también es la comunidad con mayores bonificaciones en Patrimonio (100%), y en Sucesiones y con los tipos más bajos en Transmisiones Patrimoniales y en Actos Jurídicos Documentados.

“Madrid será una referencia a nivel nacional para cuando lleguemos al Gobierno nacional”, proclamó la presidenta en su discurso de investidura aplaudido por el presidente del PP, Pablo Casado

Ni 'paraísos' ni 'infiernos'

“Es una cuestión de preferencias políticas. Tanto subir como bajar impuestos son opciones legítimas. No tiene sentido hablar de insolidaridad o 'dumping fiscal' cuando una comunidad opta por bajar impuestos. Ni tampoco lo tiene hablar de 'infiernos fiscales' cuando otra decide subirlos", opina Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

"Los gobiernos de izquierdas tienden a subir los impuestos para prestar más servicios y mejorar la redistribución de la renta. Los de derechas tienden a gestionar con menos recursos a cambio de servicios ligeramente peores", añade este experto en finanzas autonómicas. De acuerdo a la Ley de Estabilidad, cualquier rebaja de impuestos que adopte una administración exige un recorte de igual calibre en su techo de gasto, "y eso fácilmente redundará en la calidad de sus servicios públicos".

Lo mismo cabe esperar de Andalucía, Murcia o Castilla y León (también gobernadas por el PP en coalición con Ciudadanos y el apoyo de Vox, salvo en el último caso), cuyos nuevos presidentes autonómicos han prometido nuevas rebajas fiscales "sí o sí". Sorprende sobre todo el caso de Murcia, la comunidad con mayor déficit público en el 2018 y la tercera con mayor nivel de deuda pública, por detrás de Valencia, Catalunya y Castilla La Mancha, que no se permiten bajar sus impuestos.

El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, --también del PP pero con un perfil menos 'aznarista' que los presidentes populares de la nueva hornada electoral-- se mantiene mucho más prudente en sus ofertas tributarias. Galicia no ha practicado en su IRPF rebajas distintas de las del Estado, pero tampoco ha subido el impuesto.

Precisamente para mantener y mejorar la calidad de los servicios públicos es por lo que otras autonomías no pueden acudir al gancho de las bajadas de impuestos. Catalunya tiene uno de los IRPF con mayores tipos de España y ahora, con unos presupuestos prorrogados, el Govern se ha visto en la necesidad de subir el gravamen de las hipotecas, el de las apuestas y otros para ingresar 88,2 millones y poder atender sus necesidades de gasto.

Mejorar los servicios públicos

La nueva presidenta de La Rioja, la socialista Concha Andreu (PSOE) anunció en su discurso de investidura subidas del IRPF para las rentas altas, la recuperación íntegra del impuesto de Patrimonio y menores reducciones en el impuesto de Sucesiones y Donaciones. Todo ello para poder atajar "el deterioro importante de nuestros servicios públicos fundamentales" tras 24 años de gobiernos del PP, dijo. 

También la nueva presidenta de NavarraMaria Chivite (PSOE) se ha estrenado con anuncios fiscales: prevé mayores deducciones familiares para rentas bajas y medias, pero también revisar los beneficios fiscales de las grandes empresas y avanzar en la fiscalidad de la economía digital, con nuevos tributos en el comercio electrónico y operaciones bursátiles. Estos anuncios avanzan en la dirección de las medidas tributarias que Pedro Sánchez incorporó en su fallido proyecto de Presupuestos del Estado para el 2019.

En Canarias, el documento para el Gobierno de Ángel Víctor Torres, firmado por los líderes de PSOE, Nueva Canarias, Podemos y ASG prevé aplicar una tasa turística y crear impuestos ambientales vinculados a la puesta en marcha de un plan contra el cambio climático.

Cantabria tampoco se ha sumado a la fiebre de las rebajas fiscales ni tampoco el gobierno foral del País Vasco.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, rechaza la condición que ha puesto el PP de que se aborde una rebaja fiscal en el IRPF para poder facilitar la aprobación de las cuentas públicas, y ha subrayado que “esa demanda no se puede tramitar en el contexto presupuestario”. “El presupuesto del Gobierno Vasco no va a contemplar tipos impositivos, ni va a elevar ni va a bajar ninguno de los tipos impositivos centrales que conforman nuestro sistema tributario”,

Cambios mínimos

En Baleares, donde no se ha producido relevo en el gobierno regional, la presidenta Francina Armengol  (PSOE) ya duplicó este año la ecotasa que se aplica sobre las pernoctaciones turísticas.

Tampoco en Valencia ha habido cambio de signo político en el Gobierno regional, donde su presidente Chimo Puig apenas ha anunciado una leve mejora en el impuesto de Sucesiones para las empresas familiares así como un nuevo gravamen para las viviendas desocupadas en manos de entidades financieras e inmobiliarias

Los anuncios fiscales también son mínimos en los programas de gobierno de los presidentes socialistas de Aragón, Javier Lambán, de Castilla La Mancha, Emiliano García Paje, y de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.  Este último ha dicho que no descarta bajar impuestos a lo largo de la legislatura si las condiciones de estabilidad presupuestaria lo permiten, pero solo a las rentas más bajas.

Todos ellos abogan por que el nuevo sistema de financiación autonómica incorpore ciertos niveles de armonización en algunos impuestos autonómicos para evitar una competencia fiscal desbocada a la baja. Esta idea es compartida también por el presidente popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que teme por los perjuicios que puede provocar en su comunidad la agresiva oferta fiscal de su vecina Madrid.