LA ENCRUCIJADA CATALANA

Aragonès anuncia que demandará al Gobierno por impago

El vicepresidente y 'conseller' de Economia, Pere Aragonès.

El vicepresidente y 'conseller' de Economia, Pere Aragonès. / periodico

Xabi Barrena

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Oriol Junqueras gusta de reforzar su perfil más richeuliesco (por el cardenal Richelieu) tirando de algún latinajo que describa su forma de operar. Su favorita es ‘Suaviter in modo, fortiter in re’. Es decir, suave en las formas y firme en el fondo. Tras dos días en que los socios de Govern independentistas, ERC y JxCat, a través de sus cabezas visibles en Catalunya, el propio Junqueras y Quim Torra, ahondaron aún más el abismo estratégico que los separa, uno apelando al diálogo y el otro a la confrontación, el vicepresidente republicano del Executiu, Pere Aragonès, tiró por una aparente calle de en medio, anunciando ayer que llevará al Gobierno de Pedro Sánchez ante los tribunales por el impago de 1.317 millones que, por ley, deberían ya estar transferidos a la Generalitat y que su ausencia causan “ahogo financiero”, según el líder extramuros de ERC.

Este ahogo ha forzado a la Conselleria de Economia a cerrar en agosto el ejercicio del 2019, vetando nuevos gastos y recortando en un 6% las inversiones de las empresas públicas. Solo sanidad y educación se salvan de las restricciones que, en palabras de Aragonés, no llegan a recortes “porque con todo este 2019 habrá 1.000 millones más que en el 2018”.

¿Se alinea, pues, Aragonès con Torra? No. Sigue al pie de la letra el latinajo preferido de Junqueras.”El diálogo no es sumisión. Es hablar de tú a tú desde el respeto. Si el Gobierno no actúa responsablemente, el Govern debe defenderse con las armas con las que cuenta”, apunta un voz del partido que asevera que “la posición de ERC es la de priorizar el diálogo pero sin agachar la cabeza. Ambas cosas no son excluyentes, sino que son más complementarias que nunca”.

De matices y titulares

 Esta voz también se acoge al famoso ya latinajo de Junqueras y asevera que “en el equilibrio es donde hay la solución. El diálogo por sí mismo no valdrá. La unilateralidad y la confrontación sin fuerza, tampoco”. Y corta las quejas con un “otra cosa es que el equilibrio y los matices sean enemigos de los titulares”.

A todo esto, el motivo de la denuncia por la vía del contencioso administrativo es el impago de los adelantos a los que la ley de financiación obliga al Gobierno. Son 874 millones. Y afecta no solo a Catalunya, sino a todas las comunidades sujetas a la ley. Es decir, Euskadi y Navarra, para variar, se salvan. “No son una limosna. Nos corresponden”, sentenció Aragonès en la comparecencia ante el Parlament para dar cuenta de la medida restrictiva. Hay otros 443 millones pendientes que derivan de la liquidación del IVA del ejercicio 2017.

Desde el Gobierno en funciones se argumenta que mientras no se constituya un nuevo Ejecutivo es imposible adoptar el real decreto ley que permitiría actualizar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. Lo mismo, para poder compensar los cambios en el calendario recaudatorio del IVA.

Ambas medidas estaban incorporadas en el proyecto de Presupuestos para el 2019 que el Congreso de los Diputados tumbó el febrero pasado, con ayuda de los votos en contra de los independentistas catalanes, según recuerdan fuentes del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez.

Gobierno en funciones

En el Parlament, Aragonès desechó estas explicaciones, ofrecidas por los representantes de los ‘comuns’ y del PSC. “el Gobierno en funciones ha adjudicado una contrata de defensa a 10 años por un importe de 2.300 millones”, replicó. Y sentenció: “¿Acaso hay que votar los presupuestos de un Gobierno para que, simplemente, cumplan la ley y nos transfieran lo que nos corresponde?"

El representante de los 'comuns', David Cid, recordó que si su fuerza no apoyó los presupuestos catalanes para este 2019 fue, precisamente porque lo veían "venir". "Se lo dijimos. Más allá de los incumplimientos del Gobierno central, la Generalitat tiene un problema de ingresos". Y es que, el aumento de los impuestos para las rentas altas fue uno de los caballos de discusión del debate presupuestario. "Si hubiéramos elevado el IRPF", respondió Aragonès a Cid, "los ingresos también estarían retenidos por el Gobierno".

Con todo Aragonès también anunció que en la primera semana de septiembre iniciará una ronda con los partidos para buscar complicidades cara a los presupuestos del 2020.