La bronca política enloda el segundo aniversario del 17-A

Lo que debía ser un homenaje a las 16 fallecidos en los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils hace dos años va camino de convertirse, gracias a los partidos, en un episodio más de la sempiterna bronca política. El empeño de JxCat y ERC en alimentar las sospechas acerca de una eventual relación entre el CNI y los ataques, y las críticas del resto de formaciones a esta actitud –que atribuyen a la voluntad de divulgar “teorías de la conspiración” para tratar de dañar al Estado- está empañando el segundo aniversario de los atentados.

La figura de Abdelbaki Es Satty, imán de Ripoll cuando se produjeron los ataques y líder de la célula que atentó en Barcelona y Cambrils, sigue bajo el foco dos años después del 17-A. Las visitas de miembros de las fuerzas de seguridad al imán en la cárcel entre el 2010 y el 2014, mientras cumplía condena por tráfico de droga, han servido a las dos principales fuerzas independentistas para abonar las sospechas de que quizás el Estado esté ocultando información.

Las explicaciones que ofrecieron en el Parlament sobre esos encuentros tanto el exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, como los mandos de los Mossos d’Esquadra –según algunos presentes en esas sesiones secretas- no sirvieron para convencer al independentismo. Destacados miembros del Govern, empezando por el ‘president’ Quim Torra, han utilizado las sospechas como arma política, sin tomar en consideración que tanto Nieto como los Mossos restaron importancia a los contactos entre los agentes y Es Satty. Según ellos, es habitual que se intente recabar información de detenidos o condenados de los que se sabe que han tenido contacto con yihadistas.

Tampoco tuvieron en cuenta que la información que ha servido para relanzar las sospechas llevara meses circulando por varios medios de comunicación, y todos descartaran su publicación por carecer de fiabilidad. A Torra y a algunos de sus ‘consellers’ les bastó que el digital ‘Público’ difundiera durante cinco días sus dudas sobre varios aspectos de los atentados para introducir con fuerza el asunto en el debate político.

"Escándalo gravísimo"

El presidente de la Generalitat habló tras el primer artículo de “escándalo gravísimo” y exigió al Gobierno español que asumiera “las más altas responsabilidades”. El ‘expresident’ Carles Puigdemont escribió en Twitter: “Recuerdo que los partidos del 155 se pusieron de acuerdo en bloquear la investigación parlamentaria. ¿Es el ‘no es no’ del PSOE a Catalunya lo que les hace cerrar filas y tapar el escándalo?".

ERC y JxCat se sumaron a la acometida pidiendo una comisión de investigación en el Congreso. Mientras tanto, la portavoz del Govern, Meritxell Budó, envió una carta a la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, en la que aseguraba que se había "puesto en duda la actuación de algunas instituciones del Estado" tras las publicaciones. Y el ‘conseller’ de Exteriors, Alfred Bosch, pidió reuniones a los consulados de países cuyos nacionales fueron víctimas en los atentados para "intercambiar impresiones" a raíz de "las últimas informaciones periodísticas".

"Un atentado para parar un referéndum"

Pero sin duda la dirigente política más explícita fue la exdiputada de la CUP Mireia Boya, que pasó de las insinuaciones a la acusación directa. "¿Qué queréis negociar con un Estado que elige un atentado para parar un referéndum? ¿Qué? Explicádmelo", escribió en Twitter.

La sesión del pasado 23 de julio en la comisión de investigación sobre los atentados en el Parlament constituyó una fotografía elocuente del estado actual de la situación. Solo JxCat y ERC insistían en conjeturas que el resto de grupos tildaron de “conspiranoia” –fue la palabra que utilizó la diputada de la CUP Natàlia Sànchez, que también atacó la “falta de consistencia” de las insinuaciones- o compararon con el “terraplanismo”, como hizo el representante del PSC, Carles Castillo.

La situación se reprodujo unos días después en el Ayuntamiento de Barcelona. En un pleno forzado por JxCat y ERC, los ‘comuns’ –con la ausencia, entre otros, de Ada Colau- acabaron votando a favor de pedir al Congreso que abra una comisión de investigación para estudiar los supuestos vínculos entre el imán de Ripoll y el CNI. El PSC se desmarcó de sus socios para no dar alas a la “teoría de la conspiración”.

El "dolor de las víctimas"

Tanto la número dos de Colau, Janet Sanz, como la teniente de alcalde Laia Bonet (PSC) apelaron a la “transparencia” y a la necesidad de “no utilizar el dolor de las víctimas” para defender sus posturas, pese a que votaron en sentidos opuestos. Y tanto Manuel Valls como los concejales de Ciutadans y del PP se indignaron con la situación.

En medio de la refriega, una parte de las víctimas ya ha expresado su malestar. Desde la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) explican que se sienten “olvidados” por las instituciones catalanas, y aseguran que el homenaje impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona este sábado será “más bien político”.

El acto oficial en La Rambla se celebrará a la altura del mosaico de Miró –donde se detuvo la furgoneta del terrorista hace dos años-, y estarán presentes, entre otros, Torra, Colau, Pere Aragonès, Roger Torrent y Teresa Cunillera. La ACVOT organizará uno propio a la misma hora, las diez de la mañana, pero al inicio de la arteria barcelonesa. “No queremos que ningún acto de víctimas sirva para que tal o cual político saque la cabeza y se saque una foto”, dijo el presidente de la entidad, José Vargas.