El Gobierno planea una búsqueda sistemática de asesinados en la Guerra Civil y el franquismo

Si el propietario de una finca en cualquier punto de España descubriera en su terreno una fosa común de la Guerra Civil y no informara a las autoridades, éstas podrían multarle con entre 2.000 y 10.000 euros.

Y si, por ejemplo, para construir un edificio el dueño de esa finca destruyera o tapara esa fosa, la multa sería de entre 10.000 y 100.000 euros.

Uno de cada cuatro españoles muertos en Mauthausen era catalán

Son dos de los supuestos de sanción que contempla la proposición de Ley de Memoria Histórica y Democrática que el grupo socialista del Congreso, y por tanto el Gobierno, han registrado en la cámara baja con el número 3209. Fue el pasado 19 de julio, LXXXIII aniversario del inicio de la guerra, y estando el Ejecutivo en funciones. La iniciativa pasó desapercibida en el fragor de la fallida investidura de Pedro Sánchez.

En busca de los desaparecidos

Si vuelven a gobernar los socialistas, esta ley complementaria de la actual de Memoria Histórica incorporaría al ordenamiento 19 artículos con novedades como un cuadro de sanciones y un mandato a la Administración General del Estado para que sea ésta, y no solo las familias o las autonomías, la que busque a los desaparecidos de la Guerra y la dictadura.

De hecho, la ley ordenaría al Gobierno elaborar planes cuatrienales de búsqueda de fosas, con publicación de sus resultados en el BOE, y apoyándose en la creación de un banco nacional de ADN, para cotejar con el de los huesos encontrados, y un censo nacional de víctimas.

Esta última medida es más compleja de lo que sugiere su enunciado. No solo estarían en esa lista los fusilados, también "los que sufrieron cárceles, exilio, depuración, las personas represaliadas por su condición sexual, de género, las que sufrieron tortura en los campos de concentración, guerrilleros, niñas y niños sustraídos".

El Estado se vería asistido en estas funciones por un Consejo de la Memoria de creación prevista en esta ley.

Recuerdo y enseñanza

La proposición de Ley fija el 31 de octubre como día "de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura, coincidiendo con el aniversario del 31 de octubre de 1978, fecha en que fue aprobada la Constitución Española en sendas sesiones plenarias del Congreso y el Senado".

Además, prevé que se imparta en las escuelas y en los medios de divulgación pública "el conocimiento de la historia democrática española". Pero la didáctica iría dirigida no solo a los escolares; se abriría a todos con la creación de los Lugares de Memoria. Paredones como el de Paterna (Valencia), barrancos de retaguardia como la sima de Urbasa (Navarra), cunetas como las de la carretera Málaga-Almería, rincones de cementerios como las tapias de La Almudena (Madrid) y edificios carcelarios como el Seminari Vell de Lleida son susceptibles de serlo.

La proposición de ley define Lugar de Memoria como "aquel espacio, inmueble o paraje en el que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados con la lucha del pueblo español por sus derechos y libertades democráticas, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de estado de julio de 1936, la Guerra Civil española, la dictadura franquista y la lucha por la recuperación de los valores democráticos hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978".

Un lugar especial de Memoria, Cuelgamuros, cambiaría de marco jurídico: la proposición de ley prevé la extinción de la actual Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos tras la entrada en vigor de un Real Decreto que redefina el monumento.

El texto contempla además una medida especialmente incisiva, a raíz del caso del inspector de Policía José Antonio González Pacheco, Billy el Niño, múltiple acusado de torturas que goza de medallas pensionadas. El artículo 12 del proyecto prevé que las condecoraciones a policías y guardias civiles puedan retirarse en caso de sentencias por torturas.

Facilitar las exhumaciones

En la propuesta impulsada por el Gobierno destacan aspectos vistosos o llamativos, como la eliminación de los títulos nobiliarios concedidos por Franco, una treintena. Pero contiene otros enunciados de mayores consecuencias. Entre ellos, la recuperación del antiguo expediente de jurisdicción voluntaria "relativo a declaraciones judiciales sobre hechos pasados".

En este tecnicismo legal se basa el auto de un juzgado de San Lorenzo de El Escorial que, en 2017, ordenó por primera vez exhumar en el Valle de los Caídos a petición de cuatro familias.

Si la proposición sale adelante, cualquier familia, previa aprobación por un juzgado de primera instancia, podrá recuperar los restos de sus parientes siempre que sea técnicamente posible, y sin el reto del laberinto burocrático de ayuntamientos, patronatos y autoridades eclesiásticas en el que se ven ahora los peticionarios.

La propuesta socialista contiene además un artículo, el 19, dedicado en exclusiva a la "inhumación del dictador Francisco Franco". Está redactado bajo los efectos del trabajoso pulso legal librado por el Gobierno con la familia. "Los restos mortales de Francisco Franco no podrán ser ni permanecer inhumados en ningún lugar de acceso público que (...) pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación del golpe militar de 1936", dice el artículo.

Según este texto, el Consejo de Ministros "podrá ordenar la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco y su inhumación en un lugar que reúna las condiciones adecuadas para impedir la realización de actos de exaltación", pero, a la vez, que sean condiciones "de dignidad y respeto".