El fiscal sigue en TV-3 la pista de la financiación ilegal de CDC

El fiscal anticorrupción José Grinda ha apretado el acelerador para aclarar lo antes posible un nuevo caso de presunta financiación ilegal de la extinta Convergència Democràtica (CDC) y cuyo epicentro se encuentra el exdiputado de Junts pel Sí y exalto cargo del Gobierno catalán, Germà Gordó. La caja de pandora la ha abierto el empresario Joan Manuel Parra que confesó este lunes en la Audiencia Nacional que el expolítico le indicó que para poder cobrar unos servicios prestados al partido acudiera a una productora audiovisual que trabajó para TV-3. El ministerio público ha solicitado este martes al juez que requiera a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), a través de la Guardia Civil, los contratos suscritos con dicha productora, Triacom Audiovisual, o con su administrador, Oriol Carbó, exgerente de la televisión catalana para quien ha pedido su declaración como investigado.

La petición del fiscal se produce un día después de que Parra detallara ante el juez José de la Mata, que investiga el ‘caso 3%’ de financiación ilegal de CDC, que facturó por conceptos falsos a la productora Triacom para cobrar los trabajos realizados para el extinto partido en la campaña de las elecciones del 2010 al Parlament. En total, unos 750.000 euros. El empresario precisó que Germà Gordò, que entonces era secretario del Gobierno catalán, fue quien le dio esta instrucción en una reunión que situó en abril del 2011. Un segundo encuentro, el 17 de octubre, fue grabado por Parra. El cedé está en manos del magistrado.

'El Gran dictat' y un programa infantil

Parra explicó al togado que fue el productor audiovisual, Oriol Carbó, el que le dijo que girarse las facturas falsas a Triacom con conceptos de aportación de aparatos para los programas de TV-3 ‘El gran dictat’, que se emitió desde septiembre del 2009 a enero del 2017, y ‘Fisch and chips”, del canal infantil de la televisión catalana (2011-2017). De ahí, que el fiscal se interese ahora por los contratos de la CCMA con esta productora, “cualquiera de sus sociedades participadas” y con Oriol Carbó o empresas vinculadas a él. Pero, no se queda ahí y reclama, además, que se identifique a las personas de la corporación catalana “que se relacionaron” con el productor.

No es la primera vez que Carbó se ve envuelto en un proceso judicial. En junio del 2015, la jueza de instrucción de Barcelona que inició la investigación por el ‘caso ITV’ abrió una pieza para aclarar los pagos realizados por empresas suyas a Anna Vidal, esposa de Oriol Pujol,  y a Sandra Buenvarón, cónyugue de David Madí, exsecretario de comunicación del último gobierno de Jordi Pujol y estrecho colaborador de Artur Mas hasta el 2010. En esas pesquisas, la magistrada también pidió a la CCMA los contratos de la productora Triacom, de donde partía “la mayor parte” de los fondos que nutrían a una de esas sociedades. Dos años después, archivó el caso por la prescripción del delito de falsedad documental.

Se da la circunstancia que Carbó, David Madí y el empresario Joan Manuel Parra tienen pendientes un juicio en un juzgado penal de Barcelona por colaborar en una trama de facturas falsas.