Incógnita en el Govern sobre los aliados para el presupuesto del 2020

Los dirigentes del grupo de Junts per Catalunya sacaban pecho esta semana en el Parlament por haber logrado rehacer alianzas independentistas con ERC y la CUP en el debate sobre la "Catalunya real", forzado por Ciutadans. Y por haber trenzado también otros acuerdos con grupos como el de los 'comuns'. Una estabilidad parlamentaria que ponían en contraste con la falta de acuerdo en el Congreso para iniciar la legislatura. Sin embargo, a la pregunta de con quién piensan aprobar los presupuestos del Govern para el próximo año, la respuesta es de momento un interrogante.

Fuentes del Govern admiten que se ha comenzado a analizar la estrategia presupuestaria pero sin concreciones todavía. Lo único cierto por el momento es el anuncio por parte del vicepresidente del Govern y conseller de Economía, el republicano Pere Aragonès, de que -esta vez sí- presentará en otoño en el Parlament el proyecto de cuentas para el próximo año. Algo insólito, porque el Govern lleva desde el 2017 con los mismos presupuestos, debido a su incapacidad para lograr aliados con los que aprobar una actualización de los ingresos y gastos de la administración catalana.

Por un lado, JxCat acaba de apostar por gobernar la Diputación de Barcelona con el PSC, y podría pensarse en algún tipo de reciprocidad en el Parlament. El líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, ha movido ficha y se ha ofrecido para iniciar la negociación presupuestaria, algo que ha agradecido el 'president' Quim Torra. Pero las posiciones están muy alejadas y JxCat advierte que no está dispuesto a aceptar como condición cuestiones relativas al 'procés' por parte del PSC.

El pacto de Colau y el PSC

Mientras, ERC ha ensayado sin tapujos en el Congreso su apuesta por el acuerdo entre las distintas izquierdas españolas. Algo que debería poder favorecer un mejor clima con los 'comuns' en el Parlament entre Aragonès y los representantes de la formación progresista. Pero es todavía muy reciente el pacto de Ada Colau con el PSC para gobernar el ayuntamiento de Barcelona, dejando al republicano Ernest Maragall fuera de juego.

Con todo, el pragmatismo y la apuesta por acuerdos transversales presiden la estrategia del partido de Oriol Junqueras. El 9 de julio, el Consell Executiu aprobaba una subida del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), que grava la constitución de hipotecas y que, tras los cambios legales aprobados por el Ejecutivo central pagan los bancos, y con lo que espera recaudar 81,9 millones adicionales así como otros aumentos tributarios que suman un total de 88,2 millones adicionales. La medida fue ratificada por el Parlament esta semana con el apoyo de JxCat, ERC, PSC y los 'comuns', la abstención de la CUP y el voto en contra de Cs y PP.

El apoyo de la CUP es difícil

En cambio, el apoyo de la CUP parece más que difícil pese a la nueva estrategia desplegada por los antisistema, dispuestos al diálogo. Un diálogo condicionado a un giro total de las prioridades del Govern. De entrada, la CUP ha denunciado con beligerancia la llamada 'ley Aragonés' sobre las condiciones para la prestación de servicios públicos porque considera que abre la puerta a la gestión privatizada de prestaciones esenciales del estado del bienestar.

Tampoco será nada fácil el concurso del PSC, después del choque frontal de JxCat con Pedro Sánchez en la investidura del candidato del PSOE a la reelección como presidente del Gobierno. Un portazo dictado entre otros por el propio 'president' Torra y aplaudido por el 'expresident' Puigdemont desde Waterloo. De hecho, el propio Sánchez ha alimentado el distanciamiento para subrayar que intenta la reelección sin depender de los votos de los partidos independentistas.