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LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA

El 'caso Pujol': una investigación a fuego lento

La confesión del expresidente sobre el dinero oculto en Andorra provocó un 'tsunami' judicial contra su familia

La Audiencia Nacional está pendiente de recibir todavía el resultado de comisiones rogatorias en el extranjero

J. G. Albalat

Jordi Pujol y su esposaa, Marta Ferrusola, en compañía de su abogado defensor, Cristobal Martell, tras declarar el 10 de febrero del 2016 en la Audiencia Nacional.

Jordi Pujol y su esposaa, Marta Ferrusola, en compañía de su abogado defensor, Cristobal Martell, tras declarar el 10 de febrero del 2016 en la Audiencia Nacional.

A fuego lento. Así se cuece la investigación judicial abierta a la familia de Jordi Pujol Soley tras su confesión el 25 de julio del 2014 de la fortuna que había mantenido oculta en Andorra. El terremoto político que se inició a las 18.09 horas de ese día, cuando a los medios de comunicación, entre ellos EL PERIÓDICO, llegó un sorprendente e inesperado comunicado del exmandatario haciendo mención a la ‘deixa’ (legado) de su padre, Florenci Pujol i Brugat, continuó con la apertura de una ámplia causa judicial para aclarar si, realmente, ese dinero provenía de esa herencia o de negocios sospechosos de la familia.

Las comisiones rogatorias al extranjero reclamando información han relentizado las pesquisas. Según las fuentes jurídicas consultadas por este diario, se podría estar entrado en el tramo final de ese complejo caso. Otra cuestión será qué miembros de la familia del ‘expresident’ (todos están imputados) se sentarán en el banquillo. Solo ha pisado la cárcel por este proceso el primogénito del 'expresident' , Jordi Pujol Ferrusola, que salió en libertad en diciembre del 2017, después de ocho meses entre rejas y tras pagar una fianza de 500.000 euros. Otro de los hijos del exmandatario, Oriol Pujol también ha estado en prisión, pero por otro problema con la justicia: el ‘caso ITV’ de cobro de comisiones ilegales.

Primero un juzgado de Barcelona y después la Audiencia Nacional se pusieron manos a la obra para intentar averiguar de dónde provenía ese patrimonio millonario (unos 70,4 millones de euros de movimiento entre 1990 y el 2014 en Andorra, según la policía). Fuentes conocedoras de esta investigación aseguran que todavía deben completarse una serie de comisiones rogatorias enviadas a Linchestein, Malta, Francia o Suiza para recabar datos. El juez José de la Mata ha requerido, además, a la Agencia Tributaria más informes. La defensa de la familia Pujol, por su parte, sigue pidiendo el desbloqueo de cuentas bancarias para poder pagar gastos ordinarios, según fuentes conocedoras del contenido de los miles de folios que componen las diligecias judiciales. Es decir, poco se está avanzado, aunque la Fiscalía Anticorrupción esté decida a dar un impulso a las pesquisas. 

La maquinaria de Hacienda

Precisamente, la última noticia sobre este asunto data del mes pasado. Hacienda aportó un dictamen en el que se incrementa la base imponible atribuible a Jordi Pujol Ferrusola, con 500.000 euros en el ejercicio del 2008, y otros 2,2 millones, en el año siguiente. El primero está prescrito, por lo que, de entrada, solo deberá responder penalmente de esta cantidad. La conclusión de los investigadores es que la “operativa declarada” por el primogénito carece de sentido y racionalidad económica, “no existiendo además constatación objetiva” alguna que la sostenga. Con el objetivo de justificar que ingresos en efectivo en su cuenta en Andorra se trasfirieran inmediatamente a México, la defensa alegó que a Pujol júnior se le había concedido unos prestamos para que remitiera divisas a ese país. Para los investigadores, estos préstamos no existieron y solo tiene como finalidad de “otorgar una justificación a los capitales puestos de manifiesto en Andorra”.

A Jordi Pujol Ferrusola se le imputa falsedad documental, blanqueo de capitales, fraude fiscal y organización criminal. En su auto de prisión, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata le consideró la persona que “coordinó durante años la gestión de un importante patrimonio económicos, de procedencia no determinada, en Andorra y probablemente en otras jurisdicciones, asignándolo a toda clase de inversiones”, siempre “en beneficio de la familia”.

Relato bajo sospecha

En esta trama están implicados todos los miembros de la familia, empezando por el mismo 'expresident' de la Generalitat y su mujer, Marta Ferrusola, además de sus siete hijos. Todos ellos han declarado ante el juez de la Audiencia Nacional. En el auto por el que se citaba al matrimonio Pujol, el magistrado quitó cualquier atisbo de verosimilitud a la confesión del exmandatario ese julio del 2014. Ese comunicado, detallaba la resolución del togado, “es un mero relato sin contenido determinante” alguno. El juez recordaba que Pujol no había aportado documentos que acrediten que esos fondos ocultos en Andorra eran de su padre. Lo que sí hicieron los abogados del ‘expresident’ fue regularizar ante Hacienda la situación, de manera que únicamente se le pudiera atribuir una irregularidad fiscal, pero no un delito. Pero, por ahora, la familia sigue encausada.

Los investigadores nunca se han creído la explicación oficial expuesta por el patriarca en el comunicado remitido a la prensa y defendida después por los miembros de la familia que han declarado ante el juez. “Mi padre Florenci Pujol i Brugat dispuso como última voluntad específica que un dinero ubicado en el extranjero, rendimiento de una actividad económica de la cual ya se ha escrito y comentado, y que no se encontraba regularizado en el momento de su muerte en septiembre de 1980, fuese destinado a mis siete hijos y a mi esposa”, rezaba el escrito. A partir de ahí, empezó el calvario del hasta entonces todo poderoso y venerado Pujol, que ocupó la presidencia de la Generalitat durante 23 años (1980 al 2003). El 'tsunami' arrastró a toda su familia.