CATALUNYA

El Tribunal de Cuentas eleva casi 42.000 euros el dinero que Mas debe devolver por el 9-N

Artur Mas sale del Tribunal Supremo

Artur Mas sale del Tribunal Supremo / periodico

Ángeles Vázquez

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La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas ha elevado ligeramente los gastos del 9-N, lo que supone un leve aumento de las cantidades millonarias que tendrán que devolver el 'expresidente' de la Generalitat Artur Mas, los 'exconsellers' Francesc Homs, Joana Ortega e Irena Rigau, y otros seis altos cargos de ese Govern.

La segunda instancia en el órgano fiscalizador contable ha sumado 41.831 euros a la cantidad que Mas fue condenado a devolver de forma solidaria con los otros nueve miembros de la Generalitat por organizar la consulta del 9 de noviembre de 2014. Ahora deberán responder por 4.988.620,11 euros, en vez de los 4.946.788,16 euros fijados en un primer momento por la magistrada Margarita Mariscal de Gante. 

El aumento obedece a lo propuesto en sus recursos de apelación por la fiscalía y las asociaciones demandantes, Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución. 

Sentencia confirmada

La Sala de Justicia declara probado que la compra de 7.000 ordenadores por el exGovern dirigido por Mas estaba destinada a la finalidad de celebrar una consulta anulada por el Tribunal Constitucional y retira "una especie de reserva de acciones" por los condenados frente a la Generalitat que había incluido la primera sentencia. 

Además, ahora incluye en el cómputo hecho por esa resolución una partida de 20.214 euros en concepto de fabricación del material empleado en la votación y transporte del mismo a los locales de votación, y otra de 21.617 euros de gastos por elaboración del soporte informático necesario para la votación del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CCTTI). 

La Sala de Justicia considera que las actuaciones de ambos organismos "en el cumplimiento de los encargos o encomiendas que ordenaron los distintos departamentos de la Generalitat (...) constituyen un menoscabo que debe ser imputado directamente a la hacienda autonómica catalana" y, por tanto, por el que deben responder quienes impartieron las instrucciones que los propiciaron.