El delegado del Govern en Ginebra evita declarar ante la juez sobre los gastos del 1-O

El responsable de la delegación del Govern en Ginebra durante el 1-O, Manuel Manonelles, se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar ante la juez que investiga los preparativos del referéndum y que lo había citado como imputado a raíz de los gastos para contratar observadores internacionales.

La titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona solicitaba escuchar a Manoelles por un expediente de contratación que la delegación de Ginebra firmó el 31 de agosto de 2017 con The Hague Center for Strategic Studies (HCSS) y que, de acuerdo con la Guardia Civil, estaba destinado a cubrir los gastos de traslado y alojamiento de observadores del 1-O.

Imputado por malversación, prevaricación y desobediencia

Además de Manonelles, imputado por malversación, prevaricación y desobediencia, también estaban citados la directora de servicios de Exteriores, Marta Garsaball -procesada por falsedad documental-, y el ex secretario general del Departamento de Exteriores, Aleix Villatoro -procesado por malversación, desobediencia, revelación de secretos y prevaricación-, que se han negado a declarar.

La única que ha accedido a hacerlo ha sido la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal, investigada por la comisión de un presunto delito de malversación de caudales públicos, que se ha desvinculado de la contratación.

Según fuentes jurídicas, Vidal ha asegurado que ella no realizó ningún control que involucrase dicho contrato y que ni siquiera llegó a verlo porque la supervisión de las cuentas en las delegaciones exteriores se realiza a posteriori y en 2018, cuando tocaba hacerlo, la Generalitat estaba intervenida por el 155.

Los cuatro responsables del Govern el 1-O estaban citados inicialmente para el viernes 19 de julio, pero la magistrada acordó aplazar la declaración para la tarde de este miércoles.

A petición de la Fiscalía, la juez ordenó además a la Guardia Civil personarse en varios departamentos de la Generalitat en busca de documentación sobre la organización del referéndum.

Una orden que fue acatada el 9 de julio, cuando el instituto armado acudió a los departamentos de Acción Exterior, Trabajo y Presidencia, así como a la sede de la Intervención General y del Gabinete Jurídico Central, en busca de un listado de expedientes administrativos y de resoluciones gubernamentales relacionadas con el 1-O.

Concretamente, la Guardia Civil buscaba en el Departamento de Acción Exterior las facturas de los pagos de la delegación que dirigía entonces Manonelles al HCSS bajo la sospecha de que correspondiesen a los costes del traslado y alojamiento de los observadores internacionales el 1-O.

Asimismo, en su mismo auto la magistrada descartó tomar declaración por un delito de organización criminal a la treintena de procesados que mantiene por su participación en la organización del referéndum y emplazó al Ministerio Público a hacer esa acusación, si la considerase pertinente, en su escrito de calificación cuando el caso llegue a juicio