El juez imputa cohecho al exalcalde de Torredembarra

El juzgado del Vendrell que inició el 'caso 3%' de presunto pago de comisiones ilegales a la extinta Convergència Democràtica (CDC) ha concluido la investigación contra el exalcalde de la localidad de Torredembarra, Daniel Masagué, que militaba en dicho partido, contra tres miembros de la familia de empresarios Sumarroca Sumarroca y otras 12 personas por presunto cohecho, entre otros delitos. La Audiencia Nacional está investigando la parte más importante de este asunto, que implica a influyentes empresas y antiguos dirigentes convergentes. El exedil fue detenido en el 2014 por la Guardia Civil.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell, Josep Bosch Mitjavila, ha constatado la existencia de indicios de prevaricación, soborno y malversación de fondos públicos y, ante estas sospechas, instado a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de acusaciones para que en el término de 20 días presenten sus escrito de conclusiones. Es decir, especifíquen la pena que, a su entender, deben reclamar para cada uno de los imputados. Después de ese trámite, es cuando se decidirá las personas que, al final, irán o no a juicio. El juez ha rechazado, de entrada, las solicitudes de sobreseimiento efectuadas por dos de los encausados.

Las adjudicaciones

El juez considera, según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que Masagué podría haber cometido delitos prevaricación y cohecho en la contratación de servicios de limpieza viaria, "en detrimento del erario público", a la empresa Nordvert. En este sentido, la resolución precisa la declaración de un antiguo trabajador del exalcalde que "habría presenciado imputantes sumas de dinero en efectivo" en el negocio del antiguo edil, a las cuales se refirió "como dinero basura".

La resolución detaca también que el exedil y tres miembros de la familia Sumarroca, propietarios de la empresa Teyco, podrían haber cometido un presunto soborno, entre otros delitos, en el presunto pago de comisione ilegales por la adjudicación de obras, como proyectadas en el párking de Filadores, la renovación de la red de suministro de agua o la reforma del interior de las dependencias de la policía local. El juez sostiene que Masagué desde su posición de alcalde adjudicó estos servicios "aún sabiendo que dicha contratación iba en detrimento de los pricipios de libre concurrencia" y en "perjucio del erario público", "actuando únicamente buscando un lucro personal, mediante el cobro de cantidades de dinero" procedentes de las empresas de Sumarroca. En el escrito, el juez, además, relata otros presuntos sobornos por la concesión de trabajos a otras empresas.