El expresidente de Infraestructures.cat niega haber favorecido a su empresa

El expresidente de la empresa pública Infraestructures.cat Josep Lluís Quer ha negado este martes ante el juez del 3% haber favorecido a una empresa suya beneficiaria de adjudicaciones, alegando que cuando se produjeron él ya no era accionista y además no tenía poder decisorio en las licitaciones.

Quer ha declarado por segunda vez este mes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que le ha citado en esta ocasión como investigado en una causa desgajada del caso tres por ciento que se abrió a partir de unos correos electrónicos que apuntaban a la irregularidad de varias adjudicaciones a Auding Intraesa, que había sido de su propiedad.

Incompatible con el cargo

El investigado ha explicado al juez, según fuentes presentes en su declaración, que cuando en 2011 llegó a la presidencia de la empresa pública vendió sus acciones de Auding por consejo de la asesoría jurídica de Infraestructures.cat, ya que era una sociedad beneficiaria de contratos públicos y por ello incompatible con el cargo. Ha defendido que en todo caso él nunca tuvo poder decisorio en las mesas de contratación de Infraestructures.cat y que instauró un sistema de cortafuegos con la Oficina Técnica de Evaluación (OTA), que realizaba evaluaciones independientes de los pliegos.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción cree que, en línea con un informe de la Guardia Civil incorporado al sumario, la venta de sus 302.000 de Auding acciones cuando llegó a la presidencia es sospechosa por varios motivos. Le supuso, argumenta la Fiscalía, una pérdida de 301.996 euros, la hizo a una empresa (PEAC) filial de la propia Auding y las acciones se pignoraron a otras empresas afines a Quer, de forma que, aunque no poseía las participaciones de forma directa, las controlaba y todo indica que pretendía recuperarlas cuando dejara de presidir la empresa pública.

Anticorrupción destaca varios contratos que se pudieron adjudicar de forma irregular a Auding, como el proyecto del desdoblamiento de la carretera C-66 en el tramo Bordils-Mendinyà (adjudicada por 1,1 millones), un estudio de la prolongación de la línea Llobregat-Anoia de los Ferrocarriles de la Generalitat en el tramo Plaza de España-Gracia o el proyecto de varias líneas del metro de Barcelona.

Documentación en maletines

Los indicios contra Quer (que presidió Infraesctructures hasta 2015) se basan en documentación encontrada en unos maletines que el 21 de octubre 2015, momentos después de la detención del director general de Infraestructures Josep Antoni Rosell, entregó a la Guardia Civil un directivo de la empresa pública, Vicente Francisco Campanales.

Campanales explicó a los agentes que Rosell le había dado esos cuatro maletines y una caja de caudales para que los guardase, pero al enterarse de su arresto los decidió poner en custodia policial. En uno de los maletines se encontraron varios correos de un ingeniero anónimo de Infraesctructures que se hacía llamar Infraworker denunciando un sistema para adjudicar de forma irregular contratos a determinadas empresas, entre ellas Auding.

Dice la Fiscalía que este sistema para beneficiar a las empresas, que a su vez hacían donaciones a CDC, constituía un entramado que afectaba tanto a la cúpula directiva de Infraesctructures (Quer y Rosell) como a técnicos y funcionarios de alto nivel. Unas sospechas, cree Anticorrupción, que se apuntalan con las declaraciones en 2015 de personal de la empresa pública que explicaron cómo se les pedía ajustar las puntuaciones de los concursos en beneficio de empresas concretas.

En el caso de Quer, no se le tomó declaración en su momento porque se encontraba residiendo en Chile y no se le pudo localizar hasta ahora. Hoy ante el juez ha explicado que no se presentó antes en España porque no sabía que estaba siendo investigado.