El soberanismo pide investigar el vínculo entre el CNI y el atentado del 17-A

Republicanos, posconvergentes y 'comuns' se han conjurado este martes para exigir al Estado que abra una investigación por las informaciones publicadas en el diario ‘Público’ que indican que el imán de Ripoll fue confidente de los servicios de inteligencia hasta el día de los atentados perpetrados en Barcelona y Cambrils el 17 de agosto del 2017. El digital publica un informe que sostiene que los servicios de inteligencia conocían las actividades de la célula yihadista, que ha levantado las críticas del Govern y los partidos soberanistas al considerar que, de confirmarse este vínculo, supondría un "auténtico escándalo".

El diputado de JxCat y presidente de la comisión de investigación de estos atentados en el Parlament, Jordi Munell, ha calificado las informaciones de "escándalo de abasto nacional e internacional" porque "se puede haber jugado impunemente con la ciudadanía y su seguridad". Munell ha repasado el trabajo realizado por la comisión y ha cargado contra el "veto" de personas vinculadas a los servicios de seguridad que han declinado la comparecencia acogiéndose a informes del Consejo de Estado. En este sentido, ha dado una tercera oportunidad a los citados para que comparezcan y ha anunciado que pedirán las explicaciones de la actual directora del CNI, Paz Esteban. El periodista que firma la información, Carlos Enrique Bayo, comparecerá el 23 de julio, tal como estaba previsto. La comisión ha celebrado 20 sesiones hasta ahora, y calcula terminar las comparecencias en tres sesiones más, lo que les sitúa a finales de septiembre. Munell también ha pedido a Pedro Sánchez que, como presidente en funciones, "salga a tranquilizar la ciudadanía aportando un mensaje de que el Gobierno no vetará ninguna información".

El imán de Ripoll fue confidente del CNI hasta el día del atentado, según 'Público'

También desde la Cámara catalana, los republicanos han criticado que haya sido un medio de comunicación y no el Estadio "quien diera explicaciones en este sentido". El portavoz adjunto Bernat Solé ha criticado que algunos de los citados a la comisión parlamentaria sobre el 17-A hayan evitado su comparecencia acogiéndose a informes del Consejo de Estado y ha afirmado que el Parlament "es una Cámara legítima para darlas". "Pero si no quieren, que al menos lo hagan en el Congreso", ha apostillado, porque "vivimos en un Estado de derecho y debe garantizar que los ciudadanos sepan lo que pasó ese fatídico verano". "Exigimos, otra vez, que el Estado dé explicaciones, que ponga luz en este tiempo de oscuridad", ha concluido.

Por su parte, los portavoces en el Congreso de ERC y de JxCat, Gabriel Rufián y Laura Borràs, han anunciado su petición de crear una comisión de investigación en la Cámara baja a la que acudan a comparecer el presidente del Gobierno en funciones, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. 

Investigación "a fondo"

El 'president' de la Generalitat, Quim Torra, el 'expresident' Carles Puigdemont y el 'exconseller' de Interior, Joaquim Forn, también han exigido que se esclarezca el vínculo entre el CNI y Es Satty. Torra ha tachado la información de "escándalo gravísimo", ha reclamado al Gobierno que asuma "las más altas responsabilidades" y ha acusado a "los partidos del 155" de guardar un "intolerable silencio" sobre la masacre. Su predecesor en el cargo, ha insistido en este extremo y ha asegurado que Cs, PP y PSC se unieron para "bloquear la investigación parlamentaria". También a través de las redes sociales, el entonces ‘conseller’ de Interior, Joaquim Forn, ha pedido una investigación "a fondo" y la depuración de responsabilidades políticas.

No han sido los únicos que han exigido explicaciones. La alcaldesa socialista de L’Hospitalet y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, ha reclamado que se resuelva "muy bien todo esto" con "la máxima transparencia posible". "Los ciudadanos merecemos una explicación y estamos muy sorprendidos por el contenido de la noticia", ha espetado en declaraciones a TV-3. 

También ha reaccionado a la información la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha advertido de que sería "gravísimo" si se probara que el CNI borró el rastro sobre su relación con el imán y ha pedido al Estado que sea más sensible y trate con "más cuidado" a los familiares. "Que les explique qué es lo que saben y lo que no" porque, ha añadido, "si alguna cosa debe hacer la Administración es mantener un contacto muy cercano con las víctimas para que estas no se vayan enterando de las cosas a través de los medios de comunicación".

Desde el Parlament, la portavoz de los ‘comuns’, Susanna Segovia, también ha pedido "respeto para las víctimas" y ha recordado que la causa está bajo secreto de sumario. "Pedimos responsabilidad porque son las victimas quienes sufren estas informaciones y contrainformaciones. Exigimos responsabilidad de Gobierno y de Estado y no generar teorías conspirativas, que se investigue a nivel judicial y a nivel parlamentario".

Las víctimas quieren esclarecer los hechos

El asesor de la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por el Terrorismo, Roberto Manrique, ha insistido en que las víctimas tienen derecho a saber si alguien permitió que se produjeran los atentados del 17-A y ha acusado al Estado de dejar a las víctimas "en un rincón para que no molesten demasiado". "Tenemos más de 180 afectados y todos quieren saber qué ha pasado", ha hurgado en declaraciones a Catalunya Ràdio. En este sentido, ha criticado que no se haya creado una comisión de investigación en el Congreso y ha calificado de "aberrante" que no se quiera saber qué pasó. "A las víctimas les tienes que de explicar por qué pasó aquello, si se permitió por parte de alguien y las consecuencias que eso puede tener a nivel político y jurídico", ha apuntado. La entidad está personada en el juicio contra los terroristas y Manrique ha asegurado que desde la entidad llegarán hasta el final para esclarecer los hechos.

"Estamos otra vez con el hecho irrefutable de que hay una investigación judicial en curso. Eso es un dogma de fe en democracia", ha aseverado el diputado de Cs, Nacho Martín Blanco, y ha rechazado hacer comentarios "basados en artículos o noticias periodísticas, nada tangible desde el punto de vista jurídico".