La fiscalía reclama interrogar a los procesados por el 1-O por organización criminal

La Fiscalía de Barcelona ha vuelto a pedir a la jueza de Barcelona. Alejandra Gil, que investiga los preparativos del referéndum unilateral del 1-O que tome declaración por organización criminal a la treintena de procesados, en aras a garantizar su derecho de defensa, si finalmente el Ministerio Público decide acusarles de ese delito en un eventual juicio.

Los fiscales que llevan el caso presentaron el pasado 8 de julio al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona un nuevo escrito, después de que la magistrada rechazara el pasado 12 de junio su petición de incluir en el auto de procesamiento el delito de organización criminal para los exaltos cargos y técnicos del Govern imputados.

La jueza rechaza procesar por organización criminal a altos cargos por el 1-O

La juez argumentó entonces que los imputados carecían de "infraestructura adecuada para realizar un plan criminal" y que no les unía un "acuerdo asociativo duradero y no puramente transotorio" para que se les pueda procesar por organización criminal, pero recordaba a la fiscalía y a la acusación popular ejercida por Vox que no están vinculados por su decisión, por lo que podrán atribuir ese delito a los imputados en sus respectivos escritos de acusación, previos al juicio. Sin embargo, la magistrada admitió que a ninguno de los encausados se les advirtió que se les investigaba de este delito, es decir der "formar parte de una agrupación de, como mínimo, dos persona que de manera estable o por tiempo idenfinido" se dedicaba a cometer delitos. 

Contradicción

De ahí que ahora, que la fiscalía agumente ahora en su escrito remitido al juzgado de que no podrá formular acusación por ese delito, precisamente,  "porque no se les ha preguntado a los procesados por su posible participación" en el mismo, con lo que la jueza, a su entender, incurre en una "contradicción" al rechazar que declaren de nuevo como imputados por el delito de organización criminal.

En su escrito, la fiscalía recuerda a la juez que su petición "no versa" sobre una divergencia en la tipificación de los hechos, sino "sobre el derecho de defensa de los procesados". En este sentido, indice que los imputados "no han podido articular su defensa ni solicitar diligencias tendentes a desvirtuar" la posible acusación de organización criminal. De ahí que, la acusación pública tengan "cercenada la posibilidad de formular acusación por tal delito, so pena de conculcar el principio acusatorio".

Entre las personas a la que la fiscalía atribuía el delito de organización criminal se encontraban el director de  TV-3, Vicent Sanchis; el de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo; la presidenta de la Corporació Catala de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach; así como el secretario de Comunicació del Ejecutivo catalán, Antoni Molons; los secretarios generales de Presidència y de Treball, Joaquim Nin y Josep Ginesta, respectivamente, y el de Relacions Internacionals, Aleix Villatoro. También incluye a la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal; al director general de Comunicació, Jaume Clotet, y al director general de Patrimoni, Francesc Sutrias.

En el auto de procesamiento contra la treintena de acusados se dictó por los presuntos delitos de malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación, pero no de sedición ni organización criminal. La resolución de abril pasado recogía la sucesión de indicios para sostener la imputación de los diferentes delitos. Los hechos que considera la magistrada definen un compartimiento tendente a organizar una seria de acciones que aseguraran la celebración de una convocatoria declarada judicialmente ilegal, comprometiendo para ello presupuesto público.