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ANTE EL TSJC

Buch niega que diera instrucciones para ceder locales públicos para el 1-O en Premià de Mar

El presunto delito se comentió cuando el ahora 'conseller' d'Interior era alcalde de Premià de Mar

J. G. Albalat

Buch llega al TSJC acompañado por el Govern para declarar por el 1-O. / DAVID ZORRAKINO (EUROPA PRESS / VÍDEO: EFE)

El 'conseller' d'Interior Miquel Buch negó este martes en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), donde compareció como investigado por un delito de desobediencia y otro de prevaricación, que diera instrucciones para ceder locales de titularidad municipal para celebrar el referéndum unilateral  del 1-O en Premià de Mar, cuando era su alcalde. A la sede del alto tribunal catalán llegó antes de las 10 de la mañana acompañado del 'president' Quim Torra, 'consellers' y diputados de JxCat. La causa se abrió a raíz de querella del fiscal.

El alto cargo aseguró ante el juez del TSJC, Jordi Seguí, que no firmó ningún decreto para la cesión de locales después de que el Tribunal Constitucional prohibiera la consulta. El 'conseller' admitió que el apoyo que dió al 1-O fu exclusivamente político y se limitó a firmar un decreto el 7 de septiembre del 2017 por el que el Ayuntamiento de Premià de Mar se ponía a disposición de la organización del referéndum, pero horas antes de que la votación fuera suspendida. Su declaración, en la que estuvo acompañado de la abogada Judit Gené, duró unos 25 minutos.

En la causa figuran un certificado del interventor municipal que corroborando que Buch no firmó decreto alguno tras la suspensión del Constitucional. Además, de los ocho locales se utilizaron en la citada localidad para la votación, solo tres eran de titularidad pública y, según consta en un escrito del jefe de la policía municipal también incorporado a la causa, "no había una llave única" y las copias que existen las tenían varias personas que pertenecen al personal docente, al del servicio limpieza y otras entidades.

Buch se desentiende de la cesión de colegios el 1-O como alcalde de Premià. / ANDREU DALMAU (EFE / VÍDEO: EFE)

"Las llaves la tenía mucha gente", reiteró el 'conseller' a la prensa, a la vez que precisó que antes del 1-O muchos ciudadanos organizaron fiestas en el interior de los locales para que permanecieran abiertos todo el fin de semana. "Fue la sociedad la que se movilizó para tener las escuelas abiertas para poder votar el 1-O. Eso significa, una vez más, que no fue una locura de los diputados del Parlament, ni del Govern, ni de los alcaldes, sino que fue la sociedad catalana la que quiso participar en el referéndum", recalcó. 

En noviembre del año pasado, Buch ya fue imputado por su actuación cuando estaba al frente de la Associació Catalana de Municipis (ACM). El TSJC lo citó a declarar acusado de un delito de desobediencia por emplazar a los alcaldes a promover el referéndum unilateral cuando presidía la entidad municipalista.

Sin embargo, esta parte fue archivada en enero al considerar el juez que los comportamientos del ahora ‘conseller’ a los que hacía referencia la denuncia de la Fiscalía Superior de Catalunya "no supusieron la comisión de ningún delito", ya que su actuación se enmarcaba en el ejercicio de "funciones no institucionales y eminentemente políticas", no como edil, sino como líder de "agrupaciones voluntarias". Lo mismo expresó sobre la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras. 

Recurso y nueva investigación

Este sobreseimiento fue recurrido por la fiscalía y la sala civil y penal del TSJC catalán estimó parcialmente sus argumentos, abriendo la puerta a imputar a Buch por ceder locales municipales en Premià de Mar para celebrar el referéndum unilateral, pese a haberlo suspendido el Tribunal Constitucional.

 De hecho, la Fiscalía del área de Mataró-Arenys de Mar ya investigó a Buch, cuando todavía no era 'conseller', a raíz de la instrucción que en vísperas del 1-O dictó el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que se abriera diligencias a ediles que facilitaran el referéndum en sus municipios. Esas diligencias se unieron a la que se tramita en el TSJC y, de ahí, la nueva imputación contra el responsable de Interior. Cuando el juez instructor archivó el proceso sobre la ACM y la AMI, no hizo ninguna mención a este extremo concreto