Archivadas las denuncias contra los profesores del IES el Palau de Sant Andreu de la Barca

Un juez ha archivado la causa a tres profesoras del IES Sant Andreu de la Barca (Barcelona) por supuestos comentarios despectivos a alumnos hijos de la Guardia Civil tras las cargas del 1-O, si bien ha remitido el caso a la consellería de Enseñanza por si pudieron cometer una infracción administrativa.

Según han informado fuentes cercanas al caso, el titular del juzgado de instrucción número 7 de Martorell, que ya archivó el caso respecto de otros seis profesores de los nueve sobre los que se querelló la Fiscalía, ha dado carpetazo a las piezas relativas a los tres docentes que aún seguían investigados por los comentarios que hicieron en clase, donde asistían como alumnos hijos de agentes de la Guardia Civil, al día siguiente del referéndum ilegal.

En uno de los autos de archivo, el juez alega que no ve base suficiente para mantener abierta la acción penal, si bien remite testimonio de lo investigado a la consellería de Enseñanza, para que determine si su actuación pudo ser constitutiva de alguna infracción administrativa y se deben depurar posibles responsabilidades disciplinarias.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el conseller de Enseñanza, Josep Bargalló, ha considerado una "gran noticia" y el "fin de una pesadilla" el archivo de la causa a las tres profesoras que seguían imputadas y se ha preguntado quién reparará ahora "el daño hecho contra el centro y el profesorado.

Expresar opiniones

Pese a archivar el caso a las últimas tres profesoras investigadas, el juez sostiene que una de ellas habría aprovechado su clase "no para ejercer como docente en la materia de la que era profesora en un instituto de secundaria, sino para expresar su opinión acerca de unos hechos concretos, exclusivamente desde su punto de vista, en un clima de crispación social como el que se vivía en Catalunya el 2 de octubre de 2017, que tenía a la sociedad catalana profundamente dividida".

"Todo ello -resalta el juez- delante de alumnos adolescentes menores de edad, sin, por tanto, tener en cuenta que podía haber alumnos y padres de alumnos que no compartieran lo manifestado por ella en clase".

Según el auto, la profesora, como reconoció en su declaración como investigada, mostró a los alumnos "su preocupación por la actitud poco democrática que existía en algunas instituciones respecto de la convocatoria del 1-O y la participación en el mismo".

Además, dijo a los alumnos que ella iba a secundar la huelga que había convocada para el día siguiente, 3 de octubre, "por entender que estaba en peligro la democracia, pero sin embargo no les habló a los alumnos ni de los valores de la Constitución Española, ni de la obligación que tienen todos los ciudadanos de acatar y cumplir la ley, así como las resoluciones judiciales que se aplican, aunque no se esté de acuerdo con ellas, como ocurre en todos los Estados democráticos".

El abogado de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) Jorge Piedrafita, que representa a una de las alumnas denunciantes, ha indicado a Efe que recurrirá contra el auto de archivo, ya que considera que en el mismo "se acredita que la investigada se extralimitó en sus funciones".

Para el abogado, la profesora a la que denunciaron "dio un exclusivo punto de vista a los alumnos sin explicar los valores constitucionales, el respeto o acatamiento a las sentencias y la independencia del poder judicial como valores constitutivos de un estado democrático de derecho".

"No es libertad de expresión"

Más allá de que el juez considere que se puede apreciar una consulta sancionable administrativamente, el abogado ha advertido de que esta conducta "no puede resultar amparada por la libertad de expresión, que no es un valor absoluto", ya que existió un "menoscabo e incitación al odio hacia los alumnos hijos de guardias civiles que requiere una respuesta jurídica, máxime tratándose de menores de edad en etapa de formación social y personal".

Las tres profesoras investigadas comparecieron el pasado 21 de junio ante el juez, que abrió la causa después de que la Fiscalía denunciara que los nueve docentes dirigieron comentarios discriminatorios y despectivos a hijos de guardias civiles cuando trataban en clase las cargas policiales para impedir el referéndum.

Una de las profesoras admitió ante el juez haber organizado un debate sobre el 1-O en clase, para lo que dijo que no pidió ningún permiso ni autorización a sus superiores, invocando la libertad de cátedra que la ampara.

La docente, sin embargo, negó los comentarios que le atribuye en su denuncia la Fiscalía, que afirma que la mujer calificó de "bestias" a los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por su actuación el 1-O e instó a marcharse de clase a los alumnos que no estuvieran de acuerdo con el debate que organizó sobre el referéndum.