El control a las 'embajadas' de Catalunya vuelve a enfrentar a Gobierno y Generalitat

La Generalitat ha utilizado este miércoles munición de calibre grueso para cargar contra el Ministerio de Exteriores y el titular en funciones de esa cartera, Josep Borrell. Según los principales miembros del Govern, el ministro debería dimitir por incluir en la denuncia contra tres de las delegaciones catalanas en el extranjero -las llamadas 'embajadas'- "mensajes confidenciales" de miembros del Ejecutivo catalán. Lo que para la Generalitat constituye un caso de "espionaje", para el Gobierno español no es más que el cumplimiento del deber de evitar que estas delegaciones dañen la imagen de España a escala internacional, o difundan los postulados independentistas.

Como publicó este diario, el Ministerio de Exteriores presentó la semana pasada ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) una demanda para clausurar las 'embajadas' de la Generalitat en Berlín, Londres y Ginebra. Puso el foco en esas oficinas porque su actividad "responde con singular intensidad a los objetivos del proceso secesionista de Catalunya, que ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en reiterados pronunciamientos". Pero parte del contenido de ese escrito dirigido al TSJC, que ayer desvelaron TV-3 y 'eldiario.es', ha sublevado al Govern.

Instrucciones de Junqueras

Esos documentos, supuestamente elaborados por personal de las embajadas españolas en el Reino Unido, Suiza y Alemania, alertan por ejemplo de que las delegaciones de la Generalitat en el exterior tenían instrucciones del exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras de contactar con representantes de las congregaciones eclesiásticas en esos países para obtener el apoyo de la Iglesia y mejorar la situación de los políticos presos.

En otro escrito se detallan las reuniones, contactos e instrucciones al delegado de la Generalitat en Londres, Sergi Marcén, tras una reunión que mantuvo el 'conseller' de Acció Exterior, Alfred Bosch, con la presidenta de la Asamblea Nacional de Gales, Elin Jones, el 14 de diciembre del 2018.

Para el Ministerio, toda esa información no es sino parte de su trabajo rutinario de "vigilar de cerca" que las 'embajadas' catalanas no intenten "menoscabar la imagen de España" en el exterior, impulsen el 'procés' o hagan un "uso indebido de fondos públicos" para promocionar el independentismo.

Fuentes del Gobierno añadieron en cualquier caso que el Ministerio era reticente a incluir esos documentos en la demanta ante el TSJC, precisamente por miedo a que se filtraran a algún medio de comunicación. Sin embargo, la Abogacía del Estado convenció a Exteriores de hacerlo porque daban más solidez a sus argumentos. 

Delegaciones tuteladas

Pero tanto el 'president' Quim Torra como el 'conseller' de Exteriors de la Generalitat, Alfred Bosch, vieron en la demanda la prueba de que el Ministerio que dirige Borrell ejerce el "espionaje político". "Las cloacas del Estado están colapsadas. La represión en este Estado está llegando a un punto intolerable", denunció Torra en la sesión de control en el Parlament. La ofensiva independentista llegó también al Congreso, donde ERC y JxCat registraron una petición para que Borrell comparezca y dé explicaciones.

El 'president' se reunió después con Bosch, con el 'vicepresident' Pere Aragonès y con la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, y de ese encuentro salió la decisión de presentar alegaciones contra las medidas cautelares solicitadas por la Abogacía del Estado al TSJC para evitar que se paralice la actividad de las delegaciones. También acordaron que se remitirá "a los eurodiputados y a las cancillerías europeas e internacionales" una carta en la que expondrán "la preocupación y la denuncia de este caso".