OTRO JUICIO DEL 'PROCÉS'

La desobediencia de ida y vuelta al Supremo

Joan Josep Nuet, Anna Simó, Carme Forcadell, Lluís Corominas y Ramona Barrufet, ayer en el Parlament.

Joan Josep Nuet, Anna Simó, Carme Forcadell, Lluís Corominas y Ramona Barrufet, ayer en el Parlament.

Ángeles Vázquez

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Cuando el Tribunal Supremo decidió que solo juzgaría a los 12 líderes del ‘procés’ acusados de rebelión y sedición, los cinco exmiembros de la Mesa del Parlament y la exdiputada de la CUP Mireia Boya, que compartían banquillo con ellos, probablemente respiraron aliviados. No solo se había limitado la acusación en su contra a un delito de desobediencia, no penado con cárcel, sino que además serían juzgados en Catalunya, una reivindicación planteada por prácticamente todos los acusados del ‘procés’, tanto si han tenido que responder ante el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional.

El motivo por el que el Supremo decidió remitir las actuaciones relativas a estos acusados a Catalunya y, en concreto, al Tribunal Superior de Justicia, era que dos de ellos eran diputados autonómicos y por tanto debían responder ante él, salvo que el delito del que se les acusa se hubiera cometido fuera de la comunidad autónoma, lo que no parece factible al tratarse de desobediencia.

Los diputados eran Lluís Guinó Joan Josep Nuet, ambos diputados en el Parlament hasta las últimas elecciones generales, del pasado 28 de abril, cuando este último cambió su condición de diputado por En Podem en el Parlament a la de nacional por ERC. El cambio de partido y de responsabilidad, en su caso, también supondrá cambiar la sede judicial ante la que tiene fuero.

Apertura de juicio oral

Fuentes jurídicas han señalado a EL PERIÓDICO que el único motivo que podría haber evitado esta vuelta de las actuaciones al Supremo, tras la elección de Nuet como diputado, habría sido que el Tribunal Superior de Justicia catalán hubiera ya abierto juicio oral contra Boya y los cinco exmiembros de la Mesa del Parlament que propiciaron la votación de las leyes del referéndum y de transitoriedad hacia la república catalana.

Esa circunstancia, sin embargo, no se ha producido todavía y la causa contra los seis se encuentra todavía en fase intermedia. Antes de que se remitiera el caso a Catalunya, la fiscalía del Supremo había solicitado para cada uno de los acusados multa de 10 meses con cuota diaria de 100 euros e inhabilitación de un año y ocho meses, salvo para Nuet, quien se enfrenta a multa algo inferior, de ocho meses.

Al no haberse abierto juicio oral, el cambio de responsabilidad y de fuero determinará que la causa por desobediencia vuelta al Supremo. Lo que falta por ver es si el alto tribunal decide juzgar solo a Nuet, como hizo en su día con Francesc Homs por el 9-N, mientras que el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las 'exconselleres' Irene Rigau y Joana Ortega lo fueron en el TSJC o los seis acusados tienen que volver al Supremo para salvar la unidad de la causa.

Juicio después de la sentencia

Lo que sí es seguro es que el juicio por este delito ya se celebrará después de que se conozca la sentencia que ya delibera al Sala Segunda del Supremo y que prevé poder dictar a finales de septiembre o principios de octubre.

En la Audiencia Nacional el juicio contra el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana y la excúpula política del cuerpo está previsto que comience el 20 de enero del próximo año.