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El fiscal pide inhabilitar a Torra casi dos años

La acusación pública sostiene que desobedeció a la Junta Electoral Central

También reclama para el 'president' multa y retirada de los honores

J. G. Albalat

El ’president’ Quim Torra, en una sesión de control en el Parlament.

El ’president’ Quim Torra, en una sesión de control en el Parlament. / ALBERT BERTRAN

El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeras, solicita  en su escrito de acusación un año y ocho meses de inhabilitación especial y multa de 30.000 euros para el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un delito de desobediencia, al "desatender abiertamente" las órdenes de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos durante la campaña electoral para las municipales.

La inhabilitación sería para ejercer cargos públicos electivos, incluso europeos, así como para el ejercicio de funciones de gobierno. Esta medida, precisa la acusación pública, conlleva la privación definitiva de estos empleos o cargos y de "los honores anejos".

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, aseguró este martes sobre la acusación del fiscal que es "un sinsentido, nos extrañaría que la fiscalía no pidiera estas penas por defender como hizo el 'president' la libertad de expresión".

La fiscalía expone que el 11 de marzo pasado la JEC conminó al presidente de la Generalitat a que retirara los lazos amarillos de los edificios públicos de la Administración autonómica en el plazo de 48 horas para mantener la neutralidad política durante la campaña para los comicios municipales. El organismo electoral aceptó así la reclamación presentada por Ciudadanos sobre la colocación en dependencias del Gobierno catalán, como el mismo Palau de la Generalitat, de esos lazos, así como banderas esteladas y carteles con lemas como "libertad presos políticos" o "independencia", "unos símbolos asociados a una determinada filiación ideológica o política alienada con los partidos u organizaciones que propugnan la secesión" de Catalunya, relata la acusación pública.

"No obstante la claridad de la orden" de la JEC, Torra, que ya había presentado sus alegaciones, "decidió desatenderla a pesar de ser conocedor de que la misma era firme en vía administrativa y que debía proceder sin excusa ni pretexto a su estricto cumplimiento", puntualiza el fiscal. Poco antes del vencimiento del plazo, sin embargo, el 'president' presentó un escrito en el que instaba al organismo a una reconsideración del acuerdo adoptado. Dicho escrito, a pesar de ser "aparentemente improcedente al tratarse de una resolución firme", fue aceptado por la junta electoral.   

La advertencia al 'president'

Días después, el 18 de marzo, el organismo electoral ratificó su decisión de que se retiraran los lazos y las banderas esteladas y advirtió a Torra de las "responsabilidades administrativas y, en su caso, penales que pudiera incurrir si persistía" en su "desobediencia" a estos acuerdos.

Al día siguiente de recibir esta notificación, detalla la fiscalía, el 'president', "a pesar de saber de su firmeza y de su obligación" de cumplir el requerimiento, presentó ante la JEC un nuevo escrito interesando la suspensión del acuerdo "pretextando" una supuesta imposibilidad de cumplirlo "dada la multitud de edificios de la Generalitat", así como que estaba a la espera de conocer la opinión del Síndic de Greuges. En este sentido, el escrito de acusación incide en que este informe "obraba en manos" del mandatario catalán, "al menos", desde el 15 de marzo, y que el mismo concluía que se debía atender la retirada de los lazos amarillos. 

Según el fiscal, Torra "desatendió abiertamente" dicha orden y vista su "contumacia", el 21 de marzo, la JEC requirió al 'conseller' d'Interior que procediera a quitar los lazos. No hizo falta, ese día se retiraron de los edificios públicos.