INVESTIGACIÓN JUDICIAL
La jueza ordena a la Guardia Civil que acuda a departamentos de la Generalitat a por papeles del 1-O
La magistrada amplía la imputación para algunos procesados e imputa a un alto cargo del Govern en Suiza
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
J. G. Albalat
La jueza de Barcelona que investiga los preparativos del referéndum unilateral del 1-O ha ordenado a la Guardia Civil que acuda a varios departamentos de la Generalitat, como la Conselleria de Treball, la d'Afers Exteriors y Presidència, en busca de documentación sobre la consulta soberanista. Los agentes requerirán la entrega de una serie de expedientes de contratación y también deberán ir a la sede de la Intervenció General y al Gabinet Jurídic Central. De esta manera, el Juzgado de Instrucción número 13 de la capital catalana, acepta la petición realizada por la fiscalía.
La magistrada, además, ha citado como investigado al delegado del Ejecutivo catalán en Suiza, Manuel Manonelles, según los autos a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. En su resolución expone que del informe definitivo del Tribunal de Cuentas relativo al destino dado a los recursos económicos designados a las políticas de acción exterior de Catalunya se desprende que podrían haber cometido los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y desobediencia Manuel Manonelles y Aleix Villatoro, director general de relaciones institucionales, así como un delito de falsedad Marta Gasaball, alto cargo de la Conselleria d'Afers Exteriors, y uno de malversación de la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal. Todo ello en base a un expediente de contratación sobre observadores internacionales.
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