El TSJC imputa a Buch por ceder locales para el 1-O cuando era alcalde de Premià de Mar

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha citado a declarar como investigado al 'conseller' d'Interior Miquel Buch por desobediencia y prevaricación en relación con la cesión de locales para celebrar el 1-O en Premià de Mar, cuando era su alcalde. La causa se abrió a raíz de querella del fiscal. El alto cargo del Ejecutivo catalán debe comparecer ante el juez Jordi Seguó, que instruye la causa, el próximo 16 de julio a las 10 de la mañana.

En noviembre del año pasado, Buch ya fue imputado por su actuación cuando estaba al frente de la Associació Catalana de Municipis (ACM). El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) lo citó a declarar acusado de un delito de desobediencia por emplazar a los alcaldes a promover el referéndum unilateral cuando presidía la entidad municipalista.

Sin embargo, esta parte fue archivada en enero al considerar el juez que los comportamientos de Buch a los que hacía referencia la denuncia de la Fiscalía Superior de Catalunya "no supusieron la comisión de ningún delito", ya que su actuación se enmarcaba en el ejercicio de "funciones no institucionales y eminentemente políticas", no como edil, sino como líder de "agrupaciones voluntarias". Lo mismo expresó sobre la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras. 

Recurso aceptado

Este sobreseimiento fue recurrido por la fiscalía y la sala civil y penal del TSJC catalán estimó parcialmente sus argumentos, abriendo la puerta a imputar a Buch por ceder locales municipales en Premià de Mar para celebrar el referéndum del 1-O, pese a haberlo suspendido el Tribunal Constitucional. 

De hecho, la Fiscalía del área de Mataró-Arenys de Mar ya investigó a Buch, cuando todavía no era 'conseller', a raíz de la instrucción que en vísperas del 1-O dictó el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que se abriera diligencias a ediles que facilitaran el referéndum en sus municipios. Esas diligencias se unieron a la que se tramita en el TSJC y, de ahí, la nueva imputación contra el responable de Interior y el juez instructor, cuando acordó archivar las diligencias judiciales sobre la ACM y la AMI, no hizo ninguna mención a este extremo concreto.  De los cerca de 700 alcaldes que la cúpula de la fiscalía instaba a investigar en septiembre de 2017, sólo se han presentado media docena de querellas.