22 feb 2020

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LA ENCRUCIJADA CATALANA

¿Qué es la ley de claridad a la que ha hecho referencia Torrent?

Tras el referéndum de independencia quebequés de 1995, Canadá fijó las condiciones para futuras consultas

La norma otorgaba a la Cámara de los Comunes la potestad de validar la pregunta y los resultados

Berta López

Jean Chretien y su esposa, Aline, en Quebec, en junio de 1997.

Jean Chretien y su esposa, Aline, en Quebec, en junio de 1997. / ANDY CLARK (REUTERS)

Este miércoles, en un desayuno informativo organizado por Fórum Europa en Madrid, Roger Torrent ha propuesto al Gobierno en funciones del PSOE fijar con "claridad” las condiciones para la celebración de un referéndum que desencalle el conflicto catalán, haciendo referencia implícita al acuerdo canadiense en respuesta a las demandas secesionistas del Quebec, la principal provincia francófona del país norteamericano. Miquel Iceta ya apostó, en 2016, por la vía canadiense, una propuesta que en su momento levantó muchísima polémica.

La Ley sobre la Claridad referendaria, originalmente ‘Loi sur la clarté référendaire’, fue una inciativa que se tomó tras el referéndum sobre la soberanía de Quebec en 1995. Con más de un 93% de participación, el referéndum, que fue promovido por el gobierno del Partido Quebequés, dio una ajustadísima victoria (por poco más de un punto porcentual) a los partidarios del ‘no’. A pesar de no lograr la mayoría, los partidarios del ‘sí’ aumentaron de forma importante respecto a 1980, el 59,56% se opuso a que el gobierno provincial negociara un acuerdo de plena soberanía con el gobierno central.

Tras el referéndum de 1995, el primer ministro canadiense, Jean Chrétien, impulsó una serie de medidas para tratar de satisfacer las demandas de los independentistas, pero el poco entusiasmo que suscitó la propuesta indujo a Chrétien a apostar por lo que se bautizó como ‘Plan B’: establecer unos límites y unas condiciones que regularan “con claridad” la posible celebración de un segundo referéndum de estas características.

Pregunta y resultados claros

Después del fracaso de varios intentos de negociación, el 29 de junio del 2000 el Senado del Canadá aprobó la versión final de la Ley de Claridad, estableciendo así, unas condiciones bajo las cuales una provincia puede llegar a independizarse y otorgando un elevado grado de poder a la Cámara de los Comunes. La ley establece que la pregunta en cuestión deberá “requerir que la población se declare claramente a favor o en contra de que la provincia se separe de Canadá” y otorga a la Cámara baja la potestad de determinar su validez.

Por otro lado, también es la Cámara baja la encargada de dictaminar si la voluntad de secesión ha sido expresada por una “mayoría clara de la población”, considerando que “la democracia es algo más que tomar decisiones por mayoría simple”. Así, para que prospere la opción separatista, es necesario que haya más votos a favor que en contra y que la participación sea elevada, sin llegar a dictaminar los porcentajes concretos.

La Asamblea Nacional de Quebec no reconoció dicha ley, al considerarla insuficiente y aprobó su propia ley, en la cual establecía que bastaba con el 50+1 de los sufragios a favor para proclamar la independencia. Sin embargo, lo cierto es la ley consiguió apaciguar las aspiraciones secesionistas ya que desde entonces –hace ya casi 25 años-, no se han vuelto a celebrar consultas en la provincia canadiense. En 2014, la apuesta del Partido Quebequés por un nuevo referéndum, hundió a la formación nacionalista con los peores resultados de su historia y cedió el gobierno al Partido Liberal.