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La recolocación de políticos en paro en Canal Sur provoca el malestar de los periodistas

Solo Cs y Vox respetaron la norma que obliga a elegir "personas de reconocida cualificación y experiencia profesional"

La asociación de la Prensa de Sevilla protesta porque hayan antepuesto sus "intereses partidarios"

Julia Camacho

Sede de la RTVA.

Sede de la RTVA. / FOTO: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN

A la hora de hablar de las televisiones públicas, todos los partidos políticos coinciden en subrayar la necesidad de independencia y pluralidad para que los entes cumplan su función pública. Pero a la hora de la verdad, cuando llega el momento de formalizar la composición de los órganos de control de estas cadenas, esta filosofía pasa a segundo plano. Ha ocurrido en Andalucía, donde tras seis años de bloqueo e interinidad y un acuerdo inusual entre todas las formaciones para la renovación del consejo de administración de la RTVA (Canal Sur) y el Consejo Audiovisual autonómicoPSOE, PP e IU han vuelto a primar a los políticos que quedaron descabalgados de la primera línea frente a los profesionales. Solo cuatro de los nueve elegidos para el nuevo consejo de administración de la RTVA son periodistas o están vinculados a la comunicación.

Los partidos con representación en el Parlamento andaluz dieron a conocer este lunes sus nombres para llevar a cabo la renovación de los órganos de control del ente público, que será aprobado en pleno este mismo miércoles. Todos ellos tendrán sueldo público, porque la negociación para la reforma del órgano de dirección se quedó en la reducción de sus componentes, de 15 a 9, pero no afectó a la eliminación de sus sueldos, como si ocurre por ejemplo en la RTVE. La norma establece que los miembros deberán ser “personas de reconocida cualificación y experiencia profesional”, aunque no especifica la relación que deben tener con los medios de comunicación. Y a esa laguna parecen haberse aferrado los partidos. Por si fuera poco, ni siquiera se cumplen los criterios de paridad, ya que solo hay tres mujeres en el consejo de administración, por lo que algún nombre bailó en el último minuto para poder ajustarse al menos al 60%-40% en el conjunto de ambos órganos.

"Falta de respeto y fraude a los ciudadanos"

La situación ha provocado la queja formal de la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS), que reprocha la "ocasión perdida" para “dotar a ambos órganos de la necesaria credibilidad, rigor, prestigio y eficacia” y afea que, una vez más, la vieja política haya preferido a “políticos que se quedaron descolgados y parados en los recientes procesos electorales, a cargos orgánicos y a personas que seguirán trabajando en los partidos con un sueldo pagado por una institución pública”. “Es una falta de respeto a la profesionalidad y a la dignidad del periodismo y de los periodistas, en general, y de los trabajadores de la RTVA, en particular, y un fraude a los ciudadanos”, lamentan.

El caso más llamativo es el del PSOE, que presenta a tres políticos que quedaron fuera de las listas en las pasadas generales. Destaca Antonio Pradas: hombre de confianza de Susana Díaz, él fue quien encabezó las dimisiones de la ejecutiva de Pedro Sánchez que provocaron su defenestración en 2016 y que el partido quedara en manos de una gestora. Sánchez le devolvió la jugada vetándole en las listas al Congreso, pero ahora los socialistas le rescatan para un cargo con un jugoso sueldo, en torno a los 60.000 euros. La terna del PSOE andaluz la completan el secretario de Organización de Almería, Antonio Martínez Rodríguez, ex alto cargo público, y a la exdiputada autonómica Olga Manzano.

El PP, por su parte, presentó una candidatura mixta. Con el apoyo de Cs, su socio de Gobierno, y Vox, apoyo en la investidura, se garantizan la presidencia del consejo de administración de Canal Sur para el periodista Rafael Porras, exdirector de la edición de ‘El Mundo’ en Andalucía, actual delegado del diario 'Expansión' y que ya fue miembro del consejo en los años 90. Ahí acaba la cuota profesional, la otra candidata es una exparlamentaria y exconcejala cercana al presidente Juanma Moreno. Mientras, en Adelante Andalucía han optado por el actual secretario de organización de IU.

De esta forma, solo Cs respeta la norma de presentar periodistas y sin vinculación al partido, proponiendo la jefa de prensa de una universidad pública y al responsable de una agencia de comunicación. Vox, por su parte, propone a un periodista con dilatada trayectoria profesional en medios audiovisuales, aunque en la actualidad era su jefe de prensa en la Cámara.

El Consejo Audiovisual

La norma sí se respeta un poco más en los nombramientos para el Consejo Audiovisual Andaluz, el órgano que vela por el cumplimiento de la pluralidad informativa y los derechos de los ciudadanos. El previsible presidente será el candidato propuesto por Cs, Antonio Checa, exdirector de varios medios escritos y profesor de la Facultad de Comunicación de Sevilla. Junto a él estará también un periodista con larga trayectoria en gabinetes de comunicación públicos. El PP designa a dos periodistas de su departamento de prensa, mientras que el PSOE hace lo propio eligiendo a una periodista de su equipo, a una exparlamentaria socialista cercana a Díaz y recuperando a Joaquín Durán, el director general saliente de Canal Sur.

Por su parte, Adelante Andalucía elige a Pilar Távora, directora de teatro y cine que iba en las listas autonómicas, y Vox designa a Ana Millán, exdirectora de Comunicación de Coca Cola Iberian Partner y en la actualidad de la Asociación Española contra el Cáncer.

Andalucía comienza el trámite para limitar mandatos

El consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba este martes la reforma de la Ley de Gobierno que permite limitar a ocho años los mandatos del presidente autonómico y sus consejeros. A partir de ahora, el trámite de la iniciativa comienza su andadura parlamentaria y se espera que pueda estar en vigor para las próximas elecciones regionales. Desde el PSOE, no obstante, afirman que analizarán el texto legislativo para confirmar que no altera el Estatuto de Autonomía, ya que en ese caso la nueva norma requeriría someterlo a referendo, como ocurre con la eliminación de los aforamientos, otra de las promesas del gobierno de coalición que también está en marcha.