La fiscalía mantiene que no hay delito porque si los discos duros "tenían contabilidad b, era del PP"

El juicio por la destrucción de los ordenadores que el extesorero del PP Luis Bárcenas tenía en la sede central del partido ha quedado visto para sentencia sin que ninguna parte haya variado su posición inicial, salvo una de las acusaciones populares que dobló la pena que pedía inicialmente, al apreciar dos delitos de daños informáticos en vez de uno. Izquierda Unida fue quien pidió la mayor pena para el Partido Popular: multa con 10,8 millones de euros por destruir los discos duros para "tratar de tapar sus vergüenzas con implicaciones penales". La fiscalía, por su parte, sostuvo que los hechos no son constitutivos de delito, porque aunque los dispositivos guardaran "la contabilidad b del PP", como asegura la acción popular, "esa contabilidad b no le sería ajena" al partido, lo que impediría castigarle penalmente por su destrucción. Ante tal comentario a la defensa solo le faltó aplaudir.

Todos tuvieron muy presente el 'caso Gürtel' y la causa en la que se dilucidará si el partido se financió durante años de una caja b, contra cuya línea de flotación disparó el abogado del PP, Jesús Santos, centrado en cuestionar la contabilidad manuscrita de Bárcenas y la propia credibilidad del extesorero. Esteban Mestre, que defiende al exresponsable jurídico del partido Alberto Durán, llegó a compararle con Groucho Marx porque, dijo, tiene principios para cada día. Carlos Gómez-Jara, en nombre del informático José Manuel Moreno, atribuyó el caso "a la rivalidad política" y Enrique Molina, abogado de la extesorera del PP Carmen Navarro, sostuvo que los acusados lo están por lo que "son, no por lo que han hecho".

Además de la multa millonaria para el PP, el abogado de Izquierda Unida Juan Moreno pidió cuatro años y medio de cárcel por daños informáticos en concurso con encubrimiento para los tres exempleados del partido de Pablo Casado. El letrado defendió la condena apelando al "nerviosismo" que generaba en el partido lo que Bárcenas sabía. Observatori Desc elevó su petición para el PP a multa de dos millones de euros y dobló la que inicialmente proponía para sus exempleados (cuatro años para Navarro; tres años y 10 meses para Durán, y un par de meses menos para Moreno). 

La abogada Isabel Elbal, que recordó que Bárcenas situó lo ocurrido en la operación Kitchen, aprovechó su informe para denunciar la contradicción que en su opinión mantiene la fiscalía, al no acusar en esta causa, y sí hacerlo en Gürtel y en la de la caja b del PP. La representante del ministerio público, Carmen Luciáñez, negó que en el caso "haya habido dirección política" y destacó que mantiene la misma posición desde 2013. La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) pidió que el PP sea multado con 108.000 euros y sus exempleados con uno o dos años de cárcel.

Contra las cuentas de Bárcenas

Por su parte, las defensas solicitaron la absolución de todos los acusados y, en cambio, la condena en costas de las acusaciones. El abogado de Durán sostuvo que no puede haber encubrimiento, cuando no se sabe qué guardaban. "El alguien ha matado a alguien no vale en Derecho penal. Y esta mañana lo he oído. Alguien ha encubierto algo", aseguró. Por su parte, el de Moreno, Carlos Gómez-Jara, se centró en que el borrado 35 veces de unos discos duros lo propone el Instituto Nacional de Ciberseguridad y ello sería incompatible con una condena.

Por su parte, el abogado del PP introdujo como prueba documental el auto de la Audiencia de Toledo que ha confirmado el archivo de la causa que se abrió allí para investigar si hubo un pago de comisiones por el contrato de basuras. El último perito en declarar, también propuesto por la fiscalía, siguió en la misma línea que los de parte que comparecieron este jueves, ya que parecía que su objetivo era cuestionar la contabilidad manuscrita seguida durante años por parte de Bárcenas.

Santos se felicitó porque en contra de su criterio se hubiese celebrado el juicio, ya que así, en su opinión, ha quedado constatado la falta de indicios con la que se piden "desaforadas penas de prisión", basadas únicamente en la palabra de Bárcenas.