La guía de la CUP para aplacar el machismo en sus filas

"La CUP, como parte de la sociedad, no está exenta del patriarcado y de las dinámicas de poder", razona la diputada Natàlia Sànchez, enorgullecida de que su formación haya redactado un protocolo para la prevención y el abordaje de violencias machistas en sus filas. "Es un primer paso, pero no el último, para erradicar las agresiones de esta índole con todo el rigor, toda la contundencia y de forma garantista", abunda. El texto, al que ha tenido acceso este diario, es fruto de un trabajo que se encomendaron en el 2018, y refuerza los espacios no mixtos, plantea medidas de prevención, identifica las modalidades y la gravedad de las violencias machistas, establece sanciones y señala el circuito a seguir desde el momento en el que se diagnostica una agresión. 

Los anticapitalistas son conscientes de que sólo el 29% de su militancia son mujeres y de que la denuncia de la exdiputada Mireia Boya, y la consecuente dimisión de tres compañeras de la dirección, ha trasladado al debate público una urgencia que ya habían detectado. "Tenemos que construir espacios seguros. No podemos hacer una valoración positiva de lo sucedido y tenemos que asumir la responsabilidad colectiva de este caso porque lamentamos mucho esta situación", afirma Sànchez, y confirma que el caso está siendo gestionado por profesionales.

Según el nuevo protocolo, cuando se denuncia una agresión, se activa un procedimiento que gestiona una comisión específica formada por ocho personas -seis mujeres y dos hombres- que habrán realizado una formación obligatoria sobre la materia. Los pasos a seguir son: escuchar el relato de la agredida, recoger la versión del agresor, encasillar lo sucedido y revisar las medidas fijadas.

Las sanciones pueden ir desde una "advertencia" y "trabajo de sensibilización y formación", pasando por la obligatoriedad de acudir a "terapia", hasta la "suspensión de militancia" o "expulsión definitiva". En algunos casos se establece un "período de vigilancia" de seis meses a más de un año para custodiar el desarrollo de sus actitudes y se estudia la "separación de espacios" con la mujer. Si el agresor es un cargo electo u orgánico del partido, se exige además una "renuncia a la visibilidad pública" y se le "instará a dejar el cargo".

Si no cumple con lo acordado, el agresor puede llegar a ser expulsado directamente y se contemplará la posibilidad de hacer público el caso, siempre que la agredida esté de acuerdo con ello, pero "nunca por miedo a presiones o para no dañar la imagen de la CUP" se esconderá. La comisión también puede establecer mecanismos para aquellos que "encubran" al agresor de forma colectiva. Además, todos los cargos del partido deberán cursar una formación obligatoria sobre la materia antes de recoger sus credenciales.

Esta guía ha sido diseñada de forma colectiva y se ha debatido en las asambleas locales de la CUP. "No sirve de nada crear un protocolo que no parta de la propia militancia. Si no se siente como propio nunca se le dará legitimidad, algo necesario para que sea operativo", concluye Julia Cabrera, una de sus impulsoras.