El juez imputa a 15 empresas por el pago de comisiones a CDC

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha imputado a 15 empresas y entidades, entre ellas la Fundación ACS y las constructoras Teyco y Urbaser, en el ‘caso 3%’ de presunto pagos de comisiones a la extinta CDC a cambio de obras o servicios públicos, según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El magistrado atribuye a estas compañías los delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales y cita a sus representantes para principios de julio. También deberán declarar el extesorero convergente, Daniel Osácar; el presidente de Teyco, Jaume Sumarroca Calverol (hijo de unos de los fundadores de CDC), y el expresidente de la empresa pública Infraestructures de la Generalitat, Josep Lluis Quer.

El togado recuerda en su resolución que está investigando a altos cargos de CDC que, en relación con directivos y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Catalunya, “pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente” a la formación política antecesora del PDECat. Para ello, sostiene, “alteraban todo tipos de concursos públicos” con la finalidad de adjudicar contratos a determinadas empresas que, a su vez, realizaban “donaciones” a dos fundaciones ligadas a CDC, Catdem y Forum Barcelona.

Esos pagos se realizaban, indica el auto, no solo como contraprestación a la adjudicación de obras públicas a las empresas, “con vulneración de los principios de legalidad, igualdad y transparencia”, sino también para mantener “una buena relación con el partido y sus jerarcas” y, de paso, ser "elegibles" en futuros contratos. “Es decir, simplemente para conseguir mejorar las expectativas de ser beneficiarios”.

Control y disimulo

El juez señala a Andreu Viloca, extesorero de CDC, como la persona que “llevaba a cabo un control exhaustivo de las licitaciones” ofrecidas por administraciones bajo la esfera de CDC, como Ayuntamientos, diputaciones, Consells comarcals y organismos de la Generalitat.

Las empresas, por su parte, actuaba "con el afán de disimular” las donaciones. Por un lado realizaban los pagos desde diferentes entidades del mismo holding empresarial y, por otro, efectuaban los desembolsos a las fundaciones ligadas al extinto partido. Las licitaciones investigadas ascienden a 218 millones de euros y las comisiones irregulares a un millón. El auto concreta las operaciones en las que participaron las empresas imputadas, así como las donaciones realizadas bajo el pretexto, en algunos casos, de "contribuir a la defensa de la cultura y los intereses de Catalunya".