La fiscalía se opone a la libertad de cuatro presos del 'procés' tras el juicio

La Fiscalía ha remitido un escrito al Tribunal Supremo en el que se opone a que el tribunal decrete libertad provisional para Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull al persistir el riesgo de reiteración delictiva que "podría convertir en imposible la ejecución de la sentencia".

A juicio del ministerio público, que sigue viendo riesgo de fuga en los acusados del "procés", el mantenimiento de la prisión es "más necesario" incluso que antes del juicio ante la inminencia de la sentencia, que adquiriría "inmediatamente firmeza", un dato que, para la Fiscalía, "no se puede obviar".

El escrito, de seis páginas, asegura que "la apariencia de buen derecho se ha incrementado tras el juicio oral" que concluyó el pasado 12 de junio, por lo que el "ambivalente dato del transcurso del tiempo" que llevan en prisión preventiva debe valorarse, a juicio de la Fiscalía, "como aumento razonable de la posibilidad de una efectiva condena".

Las defensas de los exconsejeros, de la expresidenta del Parlament y del expresidente de Asamblea Nacional Catalana (ANC) señalaban en sus escritos de petición de excarcelación que una vez el juicio ha quedado visto para sentencia ya no es necesario asegurar la presencia de los encausados en la vista, no existe riesgo de fuga dado su arraigo familiar y además es posible aplicarles medidas menos gravosas.

"Conexión" con los fugados

A lo largo del informe, firmado por los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena, el ministerio público defiende que los presupuestos de mantenimiento de la medida cautelar de prisión preventiva descansan sobre "la extraordinaria gravedad de los hechos", así como en el hecho de que otros siete procesados que se organizaron para el mismo fin hayan demostrado "su capacidad para huir de la acción de la justicia" escapándose "a diferentes países de Europa". Existe a juicio de la fiscalía peligro de "conexión" de los juzgados con los procesados huidos "cuyos pasos podrían seguir".

A ello se une la "posibilidad de contar con una estructura organizada con reconocida capacidad económica para soportar el coste, por extendido que en el tiempo fuera, de la aventura fugitiva", así como el riesgo de reiteración delictiva "que se concreta en la actitud permanente de resistencia civil e institucional frente al orden constitucional" acreditada según el ministerio público de forma especial "con la intervención de los acusados al ejercer el derecho a la última palabra.derecho a la última palabra.

"Los acusados, lejos de cualquier sentimiento de contrición o de arrepentimiento por la grave agresión al orden constitucional que protagonizaron, han insistido hasta el final en el rechazo frontal a la restauración del orden jurídico por parte del Estado y en la absoluta convicción de que volverían a cometer los hechos delictivos que son objeto del procedimiento".

Recuerdan también los fiscales que, "una vez dictada sentencia condenatoria" la prisión preventiva puede ser prorrogada "hasta la mitad de la pena" que efectivamente se imponga, dada cuenta de que la sentencia está "en los albores de su gestación o redacción".