Palau activa dos líneas de trabajo ante la sentencia del juicio del 'procés'

El exministro del Interior, Ángel Acebes, pasará a la historia entre otras frases por la de las "dos lineas de investigación", cuando en horas de gran tensión tras la masacre de Atocha, intentaba  mantener en pie la tesis de la autoría de ETA al lado de las evidencias que se encaminaban en otra dirección. Dos lineas de investigación, dijo que había. En esta ocasión no hay masacre de por medio ni violencia de ningún tipo, pero el Govern de Quim Torra -o, para ser más precisos, en el Govern de Torra- parecen decidos a exprimir la práctica política de las dos líneas, las dos vías paralelas (como el anuncio del Govern en el que animaba a votar en el referéndum con una imágen de vías de tren) para afrontar una situación crítica: qué hacer ante la sentencia más que probablemente condenatoria a los dirigentes del 1-O.

Lo que hará Torra es imprevisible, sea dicho de entrada. Por su perfil ideológico y por sus periódicas intenciones de no querer pasar a la historia de los presidentes de la Generalitat sin pena ni gloria, el factor personal no es menor, en esta decisión. Pero quien le aconseja está trazando un plan consistente en mantener las citadas dos vías. Una, la de la indignación política y ciudadana en cuanto el Supremo considere culpables a los dirigentes independentistas. Esta indignación sin duda se canalizará en la calle, con movilizaciones jaleadas por las siempre presentes entidades soberanistas. Y también con toda probabilidad entrará en el hemiciclo del Parlament, en forma de resoluciones cargadas de palabras gruesas contra la democracia española, la falta de separación de poderes, la dignidad de los procesados y la legítima defensa del proceso hacia la independencia bajo el lema -ya proclamado estos días por Torra- de "ho tornaríem a fer" (lo volveríamos a hacer).  Un lema, por cierto, que algunos juristas posconvergentes no se cansan de advertir que perjudica a la defensa de los acusados en el Supremo.

Esta primera vía tendrá un grado de intensidad imprevisible. Los dirigentes del 'procés' menos hiperventilados admiten en privado que la sociedad catalana no está en el mismo "momentum" que durante el referéndum del 1-O o las elecciones posteriores de diciembre del 2017. Y asumen que si la sentencia llegan antes del verano, la capcidad de movilización es relativa. Otros no descartan una acción continuada en las calles y las vías de comunicación. Pero lo cierto es que la capacidad de la ANC para imponer su ley a los partidos independentistas y hacerlos ejecutar medidas insurreccionales o en favor de la unilateralidad es una pólvora que se ha ido desgastando a medida que los pronósticos y reclamaciones de la ANC y Òmnium han ido cayendo en saco roto frente a la realidad de un independentismo dividido y en el que la voz hegemónica, ERC, lo es a base de -o gracias a- un discurso pactista, moderado y dialogante con el Estado.

El pacto con Madrid

En paralelo a esta actuación ciudadana y parlamentaria, los que aconsejan a Torra con la mirada puesta en la eficacia y la prudencia, opinan que la mejor manera de trabajar por los presos es rebajando al máximo su posible condena. ¿Cómo? Mediante una reforma del Código Penal que recoja con más detalle de qué hablamos cuando lo hacemos de rebelión o de conspiración para la rebelión. El propio Tribunal Supremo podría instar al legislativo a perfilar mejor qué tipo penal se aplica cuando no concurre un alzamiento violento. La reforma penal, de aplicarse, tendría efectos sobre los dirigentes independentistas, que como todo reo, pueden beneficiarse siempre de la legislación penal más favorable a sus intereses.

Esta estrategia no es incompatible con una denuncia pública del soberanismo sobre la actuacion del Supremo y del poder judicial en general, en relación al independentismo. Una denuncia severa sobre la falta de pruebas consistentes, el ánimo de venganza y la tergiversación del derecho penal para hacer pagar a los líderes del 'procés' la osadía de desafiar al Estado en octubre del 2017, tras un primer referendum en período de Artur Mas, tras el cual algunos dirigentes de la antigua Convergència bien relacionados con el Poder judicial, ya fueron advertidos: esta vez han sido inhabilitaciones, la próxima serán penas de carcel.

Pero una cosa es denunciar la situación de la justica española y otra es ejercer la insumisión total. Los ejemplos de pactismo en el independentismo en los últimos años requerirían diez crónicas como esta. Cabe recordar tan solo que en la resolución de inicio del camino hacia la independencia, en noviembre del 2015, el Parlament afirmó solemnemente que ya no reconocía la autoridad del Tribunal Constitucional... al que el Govern ha seguido recurriendo siempre que lo ha considerado oportuno -alegando que para llegar a la justicia europea hay que agotar antes todas las estancias judiciales del Estado. 

Este pactismo es el que ha llevado a buena parte del independentismo -léase sobre todo ERC- a asumir la suspensión de diputados del Parlament, o a evitar jugarse una condena penal convocando el pleno de investidura de Carles Puigdemont como candidato a 'president' a distancia, en enero del pasado año.

Este mismo pactismo es el que ha ejercido el Govern -más allá de la retórica solemne de Torra en el Parlament- a la hora de volver a activar la docena de leyes suspendidas o anuladas por el Constitucional a instancias del anterior Gobierno del PP. Mientras Torra amenazaba a Pedro Sánchez con volver a aprobar las leyes en el Parlament, los expertos del Govern se rompían y se siguen rompiendo las cejas para adecuar los artículos no constitucionales, pactándolos con el Estado -como ha sido el caso de la ley 24/2015 de emergencia habitacional y pobreza energética- o bien reeescribiendo los textos para no chocar con las competencias estatales, en el caso por ejemplo de las normas sobre la agencia catalana de protección social, clubes cannábicos -claramente inconstitucional, admiten en Palau- o cambio climático, entre otras. Proclamas frente a pactismo y realismo, una y otra vez.

Los indultos

Esta vez, pues, puede volver a suceder. Y no, el camino de los indultos no parece el más adecuado, porque generaría una descompensación evidente. Se trata de una medida que no puede aplicarse de forma grupal, de tal forma que generaría un agravio evidente entre los procesados -y quizás en el futuro condenados- por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, en relación a los que esperan la sentencia del Supremo.

En cualquier caso, la estrategia del posibilismo y el pacto respecto a la sentencia no es nueva. Destacadísimos actores políticos catalanes admiten en privado que antes de la convocatoria de las elecciones generales existía un delicado encaje de bolillos discreto entre el poder político español y catalán para lograr una salida lo menos lesiva posible al entuerto del Supremo. Un pacto no escrito y que nadie nunca admitiría, que pasaba por una sentencia que permitiera a los procesados adquirir el tercer grado cuanto antes. Este mismo clima es el que se invoca ahora para lograr una salida airosa a una judicializacion que ninguno de los dos gobiernos -catalán y español- dicen querer. "Pues claro que el Gobierno español puede hacer mucho más", aseguran en Palau cuando se les interroga sobre la influencia sobre el poder judicial, y citan a la fiscalía y a la abogada del Estado en el Surpemo. Pero esta ecuación se mantiene en el terreno de la discreción de los reservados de restaurantes. Hacerla pública sería contraproducente, generaría anticuerpos en el poder judicial y una lluvia de reproches de la derecha sobre el Gobierno de Sánchez, así como una no menor cara de perplejidad por parte de los hiperventilados del independentismo.

El factor Torra

Toda esta estrategia contiene elementos de fragilidad a la hora de ponerse en práctica. Uno es el de la falta de unidad del independentismo, en el que los sectores más radicales quieren mantener la tensión y la excepcionalidad, por razones políticas o por su situacion personal como presos o desplazados al extranjero. Para forjar la unidad, Torra ha iniciado una ronda de contactos en la que no suelta prenda sobre sus planes. De momento, escucha.

El otro factor de fragilidad es el propio Torra. Algun dirigente del PDECat que se reunió con él en otoño salió del Palau de la Generalitat llevándose a las manos a la cabeza por los planes de contingencia del 'president' respecto a la respuesta a la eventual condena. Otros admiten que el 'president' es una incógnita y que podría querer levantar la suspensión de la DUI, para pasar a la historia y no ser etiquetado como un 'president' autonomista. De hecho a menduo Torra trufa sus intervenciones con afirmaciones en favor de volver a "hacerlo" y asegurando que el 27-O sí se proclamó la independencia -en contra de lo asumido por buena parte de los acusados y del abogado de Joaquim Forn. Torra pide también recuperar el espíritu del 1-O y del 3-O. Los problemas al respecto son dos: ese espíritu -admite una parte del independentismo- ya no está en sus mejores momentos, y en segundo lugar, y como consecuencia de esta primera conclusión, se impone un baño de realismo. El mismo que llevó a Torra a retirar la pancarta con el lazo amarillo del Palau de la Generalitat tras unos días de escenificación de una desobediencia que acabó en nada.