Bosch carga contra el Gobierno por cuestionar el dictamen de la ONU sobre los presos

El 'conseller' de Exteriors, Alfred Bosch, ha cargado este viernes contra el Gobierno por "cuestionar" el dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU que pide la liberación de los políticos independentistas presos y que se les dé una indemnización. 

"Es una advertencia internacional de primer nivel (...). Es un organismo de la ONU, no un grupo de amigos", ha clamado Bosch, lamentando que "se haya cuestionado el contenido del dictamen, la honorabilidad de los expertos y que se haya recusado a dos de ellos".

El republicano ha contrapuesto la reacción del Gobierno en este caso con la de otros países, como Francia, y ha señalado que siempre ha seguido las recomendaciones de este organismo. En este sentido, ha explicado que ejecutivos como el francés, el de Israel, EEUU, Turquía o Cuba sí que han asumido dictámenes similares, con la liberación de 31 personas en el 2017.  

A partir de ahora el Gobierno tiene seis meses para dar respuesta a la ONU. Bosch ha comentado que si el 27 de noviembre no ha cumplido, es decir, si no se liberan los presos, este informe se eleva al consejo de derechos humanos de la ONU. "España según la ONU está incumpliendo los derechos humanos", ha sentenciado, advirtiendo que llegarán nuevos dictámenes parecidos, ya que otros de los políticos presos han presentado reclamaciones en la misma línea.

"El Govern cumplirá, no tiene capacidad para liberar a los presos pero sí para cubrir la cuarta que es difundir y diseminar este dictamen. Lo haremos, es nuestra obligación. El Govern tiene la capacidad para difundir este dictamen. Nosotros sí creemos en la ONU y en las instancias internacionales", ha zanjado.

El diputado republicano encargado de protagonizar la interpelación al Govern, Ruben Wagensberg, ha criticado que "cuando se trata de Venezuela parece que sí tiene validez esta comisión pero cuando se trata del propio Estado se intenta desacreditar". Wagensberg ha insistido en que las resoluciones de la ONU "tienen que ser acatadas porque el hecho de que no haya una sanción por incumplimiento no quiere decir que España pueda eludir los acuerdos de los organismos que están vinculados". "El Estado español tiene malas notas en respeto a los derechos humanos y civiles", ha sentenciado.