El juez no salva al PP del juicio por destruir los ordenadores de Bárcenas

El PP, con el apoyo del fiscal, ha vuelto a plantear la aplicación de la llamada 'doctrina Botín' para librarse in extremis del juicio por el borrado y destrucción de los discos duros de los ordenadores que su extesorero Luis Bárcenas dejó en la sede central del partido, en la madrileña calle Génova. Pero no le ha servido, porque el magistrado Eduardo Muñoz de Baena ha decidido posponer su decisión hasta la sentencia.

Ello supone que el partido presidido por Pablo Casado no se salva del banquillo para responder del delito de daños informáticos, del que se le acusa, al igual que a la extesorera Carmen Navarro y los responsables jurídico e informático de la formación, Alberto Durán y José Manuel Moreno respectivamente, a los que también se imputa otro de encubrimiento. 

El titular del Juzgado de lo Penal 31 de Madrid explicó que se pronunciará en sentencia sobre si debe entenderse que no son suficientes las acusaciones populares para la condena del PP y sus empleados, porque la fiscalía no acusa y el supuesto perjudicado, Luis Bárcenas, retiró su acusación, para no tener que repetir el juicio en el caso de que la Audiencia Provincial de Madrid no compartiera la resolución que dicte.

Fiscalía pasiva

La fiscalía, que no acusa al entender que no se ha cometido delito alguno, sostuvo sin embargo que las acusaciones populares sí estarían legitimadas para ejercer la acusación, sin apoyo del ministerio público ni del perjudicado, en el delito de encubrimiento, cuyo interés es público, al tratarse de delito contra la administración de justicia. En cambio, no lo estarían por el de daños, figura por la que únicamente se acusa al Partido Popular.

Al comenzar la vista oral, el juez solventó un primer inconveniente: la persona que va a representar al PP como acusada, María Masso, no contaba con el pertinente poder, pero el magistrado concluyó que, como la vista oral se reanudará el próximo jueves con las declaraciones de acusados y los primeros testigos, confiaba en que para entonces solucione el problema.

También acordó que Bárcenas deberá declarar en persona y no por videoconferencia, como pretendía para evitar el traslado desde prisión. Sí contará con la asistencia de un abogado para evitar perjuicios en el procedimiento que aún tiene pendiente por la caja b del partido, descubierta gracias a la contabilidad paralela que llevó durante años.

Juicio sin televisión

También resolvió el magistrado en el momento la petición de las acusaciones que ejercen IU, Observatori de Derechos Humanos Desc y la Asociacón de Abogados Demócratas (Adade) de retransmitir el juicio en su primera y última sesión. Muñoz de Baena destacó el "gran acierto" del Tribunal Supremo por retransmitir el juicio del 'procés', lo que ha permitido paliar "los miedos y reparos" de los juicios penales entre la ciudadanía, pero consideró que "esa decisión no es trasladable sin más indiscriminadamente a todos los juicios directamente".

Y en este caso no era necesario, porque a pesar de ver "lógico y notorio el interés social y mediático del juicio", Navarro, Durán y Moreno no son personajes públicos, lo que les supondría "una exposición pública desproporcionada en relación con la naturaleza de los delitos y la entidad de las penas que son objeto de acusación". 

El abogado del PP, Jesús Santos, les consideró incluso objeto de "daños colaterales", al defender que el partido salga inmediatamente de este procedimiento que entiende excede la finalidad que debería tener un procedimiento penal y supone un "abuso de derecho". A la salida de esta primera sesión del juicio, lamentó que el PP se mantenga en el banquillo de los acusados ante acusaciones populares -en alusión a Izquierda Unida- "que representan intereses políticos".

Tanto él como el resto de abogados defensores sostuvieron que debería aplicarse la doctrina Botín, ya que ni Bárcenas se siente perjudicado, ni la fiscalía acusa, por lo que no tendría sentido celebrar el juicio. No obstante, el magistrado optó por pronunciarse en sentencia, para evitar que si la Audiencia de Madrid tuviera un criterio diferente al suyo, contara con todos los elementos para tomar una decisión. El letrado de Carmen Navarro, Carlos Gómez Jara, rechazó que tuviera que ponerse un adjetivo a lo que debe ser "doctrina de limitación de la acusación popular" y defendió ampliar el efecto de esa limitación a los dos delitos por los que se acusa.

El jueves, día 20, comparecerán en el juzgado los acusados y seis testigos, entre ellos el propio Bárcenas, condenado el año pasado a 33 años de prisión en el juicio de la primera época de Gürtel, y la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

Denuncia por robo

Según la jueza que instruyó el caso, a mediados de enero del 2013 el PP decidió prohibir el acceso de Bárcenas a su sede de Génova y el extesorero reclamó su pertenencias. Ante la negativa a permitirle acceder a sus ordenadores, denunció su robo, caso que fue sobreseído por no poder acreditar que eran de su propiedad. Y Durán pidió a Moreno que borrara los discos duros, por lo que éste sobrescribió sobre ellos en 35 ocasiones, los rayó y los tiró a la basura.

Se supo cuando el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investigaba los denominados 'papeles de Bárcenas' con la supuesta contabilidad B del PP, reclamó el ordenador Toshiba y el Apple que había usado el extesorero y que María Dolores de Cospedal declaró que seguían en Génova.

El primero no tenía disco duro en su interior y el del segundo había sido borrado en aplicación de la Ley de Protección de Datos, según argumentaron los populares. Según había declarado Bárcenas, en los ordenadores había información sobre la financiación opaca del PP, pantallazos de correos electrónicos, una agenda con reuniones y donantes del partidos y pagos escaneados de la contabilidad B del partido.

Empleados encubridores

Además del delito de daños informáticos, se acusa a los empleados del partido de encubrimiento por el contexto en el que tuvo lugar el borrado de los discos duros, ya que, según la jueza instructora, tanto la entonces tesorera como el asesor jurídico tenían conocimiento de que había en marcha una investigación por presunta financiación ilegal del partido en la Audiencia Nacional.

Decidieron "impedir que datos importantes" sobre esa contabilidad paralela que Bárcenas sostenía que guardaba en los ordenadores llegasen a esa investigación.

La fiscal pide la absolución porque considera que no ha quedado acreditado qué información contenían los ordenadores ni que fuera "relevante" para los hechos que se investigaban en la Audiencia.