El futuro del Govern pasa por el Supremo

¿Puede decirse que las elecciones de la semana pasada han cerrado un ciclo político en Catalunya? En parte sí, porque ya se ven trazos nítidos del escenario que se abre a partir de ahora. Esquerra da un paso importante para convertirse en el partido hegemónico del independentismo a escala municipal, y también amplía su representación en el Congreso, aunque es probable que sus 15 diputados sean menos influyentes que los ocho que tenía hasta ahora. Junts per Catalunya pierde peso en esos dos ámbitos, pero la figura de Carles Puigdemont mantiene su aura. El PSC vuelve a ser un actor de primer orden, y el futuro de los ‘comuns’ dependerá en gran medida de quién gana finalmente la batalla de Barcelona.

Pero la luz se ha hecho solo en parte, porque falta por resolver el trozo más importante del rompecabezas: el Parlament. Pasados los dos últimos meses de vértigo electoral, emergen las voces que llevan tiempo augurando una convocatoria inminente de las elecciones autonómicas. Quim Torra, afirman fuentes oficiosas del Govern, no tiene especial interés en alargar una legislatura que se ha caracterizado más por sus devaneos simbólicos que por una frenética actividad legislativa.

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La clave del futuro está en la sentencia del ‘procés’. El juicio a los impulsores del referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia quedará visto para sentencia en 10 días, y el fallo se espera para otoño. Será entonces cuando el presidente de la Generalitat deba tomar una decisión. Todo indica que intentará movilizar de nuevo al independentismo para provocar una respuesta ciudadana contundente –esta semana ha anunciado que abrirá una “ronda de contactos” con partidos y entidades soberanistas para decidir qué hacer-, pero esa reacción podría no ser más que la antesala de unas elecciones al Parlament.

Todo estará muy condicionado por la dureza de las penas que imponga el Tribunal Supremo, después de un proceso en el que la fiscalía ha patinado en varias ocasiones al intentar probar la eventual violencia de los hechos de octubre del 2017 y la mayoría de las defensas han parecido muchas veces más preocupadas por el impacto mediático del juicio que por el futuro penal de los acusados.

La batalla internacional

Esta semana también ha quedado claro que en poco tiempo la batalla se trasladará al escenario internacional. Ya se han producido las primeras escaramuzas en escenarios como Estrasburgo y la ONU. Si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos propinaba un primer golpe a la estrategia independentista avalando la anulación de los plenos de la ruptura –que se hizo para proteger “el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades”-, un grupo de trabajo de Naciones Unidas pedía la liberación de los presos preventivos y tildaba de “arbitrario” su encarcelamiento.

Mientras tanto, la lucha interna sigue su curso. El próximo frente está en el Ayuntamiento de Barcelona. En la noche electoral, y tras un ajustadísimo resultado, todo parecía indicar que Ernest Maragall se convertiría en el primer alcalde explícitamente independentista de la ciudad. Pero su discurso, básicamente centrado en el plano nacional, enfadó a Ada Colau. La hasta ahora alcaldesa recibió al día siguiente un regalo envenenado e inesperado: Manuel Valls le ofrecía gratis a sus seis concejales para repetir en el cargo.

La pelota está ahora en el tejado de Colau; es previsible que no tome una decisión hasta que esté a punto de acabar el plazo, que se cumple el 15 de junio. Pero al final tendrá que mojarse, porque ni ERC ni el PSC parecen interesados en su oferta de tripartito: o deja paso al independentismo o sigue gobernando apoyada en los socialistas y con la mácula indeleble –opinan muchos en su entorno- de haber aceptado los votos de alguien a quien ella misma definió no hace mucho como “el candidato de las élites”.

Junqueras prefiere el mestizaje

De cómo se resuelva el embrollo de Barcelona puede depender también el futuro de la Generalitat. Porque es de esperar que, si finalmente Colau y Maragall acuerdan gobernar juntos la ciudad, ese pacto cause un gran malestar en los socios de ERC en el Govern. JxCat ha ofrecido sus concejales –son cinco, la mitad de los que tenía CiU hasta ahora- para hacer un ayuntamiento “100% independentista”, pero la estrategia dictada por Oriol Junqueras parece ir más bien por la senda del mestizaje político. Y, si los republicanos deciden regir Barcelona en solitario por miedo al enfado de los neoconvergentes, sus 10 representantes en el Consistorio parecen solo suficientes para ir pasando los meses a la espera de unas elecciones al Parlament que les dejen las manos libres, y poco más.

Más pistas de que ERC quiere empezar una nueva etapa las dieron este viernes dos pesos pesados del partido: el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y su principal rostro en el Congreso, Gabriel Rufián. Aragonès se abrió, por primera vez en mucho tiempo, a negociar un nuevo modelo de financiación para Catalunya si se levanta la intervención financiera del Estado. Rufián, en una entrevista en eldiario.es, pronosticó que las elecciones autonómicas podrían celebrarse en febrero del año que viene, y propuso a Joan Tardà como candidato a ‘president’.

Las fuentes oficiales del Govern aseguran que no está prevista una convocatoria inminente, y que en eso están de acuerdo tanto los ‘consellers’ de JxCat como los de Esquerra. Pero crece el runrún, y el ruido puede ser atronador cuando el juez Marchena dicte unas sentencias que serán decisivas para el futuro político de Catalunya.