sucesos en las fiestas de Pamplona

La jueza Servini cita a declarar a los familiares de Germán Rodríguez, que murió en San Fermín del 1978

Dicha magistrada instruye la "querella argentina" por los crímenes cometidos durante el franquismo

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El Periódico / Agencias

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La jueza María Servini, que instruye la denominada "querella argentina" por los crímenes cometidos durante el franquismo, ha citado a declarar a los querellantes en relación a los sucesos ocurridos en las fiestas de San Fermín de 1978.

Según ha explicado Sanfermines 78 Gogoan en una nota, el próximo 5 de junio comparecerán familiares de Germán Rodríguez, fallecido por disparos de la policía en los sucesos de las fiestas de Pamplona del 1978, miembros de la Federación de Peñas de Pamplona y de la asociación Sanfermines 78 Gogoan.

En el viaje a Argentina, los querellantes estarán acompañados de distintos cargos electos de municipios en los que se han interpuesto "querellas criminales por torturas" así como del Parlamento de Navarra, Congreso de los Diputados y Parlamento Europeo. La estancia en Buenos Aires será aprovechada a su vez para mantener entrevistas y reuniones con la Fundación Pérez Esquivel, las Madres de Mayo, asociaciones memorialistas y de derechos humanos argentinas y, finalmente, con distintos miembros y comisiones del Congreso y Senado argentino.

Querella criminal

Sanfermines 78 Gogoan ha recordado que el pasado mes de enero interpuso, junto con víctimas de los sucesos en ocurridos el 8 de julio del 1978 en la capital navarra, una querella criminal ante los juzgados de Pamplona a la que, posteriormente, se sumaron la Federación de Peñas de Pamplona y dos personas heridas en aquellos sucesos.

Paralelamente, se interpuso ante los de Buenos Aires la denominada "querella argentina", instruida por la Jueza María Servini, "en la que se investigan los crímenes contra la humanidad cometidos durante el franquismo", a la que ahora se suma la referida a los Sanfermines de 1978.

Una querella que "está basada en el principio de justicia universal que habilita a los tribunales de un Estado a investigar crímenes de esta clase cometidos fuera de sus fronteras cuando esto no es realizado en el lugar de comisión del presunto delito", ha explicado la asociación.