Los policías que quieren irse de Catalunya piden a Interior que no les retenga en sus puestos

Un total de 521 agentes de diversas escalas del Cuerpo Nacional de Policía se arriesgan a tener que retrasar su salida de Catalunya al menos un mes más de lo que tenían previsto, según diversas fuentes policiales, al no disponer Interior de personal suficiente para cubrir sus huecos.

De no confirmarse su traslado por la Dirección General de Policía, el próximo 3 de junio ese medio millar de agentes se verá en situación de "prórroga de cese del servicio" o, lo que es lo mismo, retenidos en sus puestos en principio hasta julio, como ya ocurrió el año pasado con otro contingente que abandonó Catalunya.

Esta vez, los 521 agentes –más del doble de los que pidieron traslado en 2018- suponen un quinto de la plantilla total del Cuerpo Nacional de Policía en el Principado, de 2.921 miembros. En la ciudad de Girona, la fuga de veteranos es más acusada: 45 de 96 este año.

Los agentes, subinspectores e inspectores han ganado plaza en otros puntos de España acudiendo a un Concurso General de Méritos que Interior convocó el pasado 28 de febrero, y cuyos resultados publicó la Dirección General de Policía el pasado 29 de abril.

Un "castigo"

La Confederación Española de Policía (CEP) ha enviado una carta a la subdirectora general de Recursos Humanos de la Dirección General de Poliía, Pilar Allúe, para solicitarle que "se suprima la prórroga del cese de servicio de los compañeros destinados en la comunidad autónoma de Cataluña", un "castigo" que "ha sucedido en años anteriores".

A juicio de la CEP, esa prórroga "provoca una desigualdad entre los policías destinados en Cataluña", pues llegan a sus nuevos destinos más tarde que los agentes procedentes de otras comunidades. Al llegar los últimos, las mejores labores ya están elegidas y asignadas, y a los catalanes les quedan por elegir las misiones y destinos que nadie escoge.

La carta de la CEP denuncia que el sistema del Concurso General de Mérito "establece una adjudicación de puestos de trabajo en cada dependencia policial basada en el orden cronológico de llegada", lo cual va, en el caso de los agentes procedentes de Catalunya, "en contra del principio de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad".

El hecho de que, además, las bajas no se produzcan a finales de mes, provoca que "muchos policías se ven obligados a pagar un mes de más en los alquileres, o bien pagarse un alojamiento durante los días del mes hasta que se les autorice el traslado".

El Estado puede obligar a sus funcionarios a permanecer en el lugar del que quieren irse por causas justificadas de falta de plantilla. En el caso de la Policía, estas prórrogas son frecuentes en otros dos destinos además de Catalunya: el Campo de Gibraltar, escenario de la sorda guerra policial contra el narco, y las ciudades africanas de Ceuta y Melilla.

Destino poco pedido

Solo 26 agentes de otras comunidades han pedido destino este año en Catalunya. Vacantes ofrecidas por Interior se quedan vacías en puntos como Vic, La Jonquera, La Seu d’Urgell, Puigcerdá, Girona, Manresa, Figueres o Cornellá. El fenómeno incide especialmente en las provincias de Girona, Lleida y Barcelona.

Las plazas vacantes no solicitadas tendrán que ser cubiertas, como otros años, con policías recien salidos de la academia, lo cual supone "una pérdida de materia gris en la plantilla, pues se va gente formada", explica Manuel Rosales, secretario de la CEP en Girona.

El mal clima político ya no es, como el año pasado, el principal motivo de los funcionarios policiales para pedir traslado, según la CEP. Hoy influye más tener que dejarse buena parte del sueldo por un techo en Barcelona o su área metropolitana. "Ahora la principal razón para pedir traslado es la carestía de la vida y los alquileres en Catalunya", explica Rosales. Un policía nacional destinado en Barcelona tiene un complemento en su salario de 42 euros brutos al mes, frente a los 600 que cobra de más uno destinado en San Sebastián.

A la carestía y el escaso aliciente económico le sigue el hecho de que "casi todos los compañeros no son catalanes, y buscan destinos próximos a su tierra de origen", añade Rosales. Además, influye la imposibilidad de escolarizar a los niños en escuelas públicas de enseñanza solo en castellano, como desean funcionarios que planean pasar solo un año o dos en Catalunya y no quieren, con el cambio de destino, alterar el ritmo de formación de sus hijos.