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JUICIO DEL 'PROCÉS'

Un exalto cargo del Govern afirma que Puigdemont dijo que el 1-O lo pagarían particulares

Los expertos del fiscal cifran en 900.000 euros su coste y los de la defensa dicen que solo la mitad son de la Generalitat

Terminan de declarar los 422 testigos de acusaciones y defensas aceptados por el tribunal del 'procés'

Ángeles Vázquez

Juicio del ’procés’. Pau Villòria: Vila me explicó que Puigdemont decía que el 1-O se pagaría con aportaciones de particulares. / SEÑAL SUPREMO (ACN)

Tras escuchar a nada menos que 422 testigos, el tribunal del 'procés' ha puesto punto final a esa prueba para adentrarse de lleno en la pericial. Entre los últimos testimonios escuchados ha destacada el de Pau Villoria, quien fuese número dos de Santi Vila en Empresa que dijo que este le había dicho que "el presidente de la Generalitat (Carles Puigdemont) le había dicho que el 1-O se financiaría con donaciones de particulares".

Villoria, declaraba a petición de Vila, al que se acusa de desobediencia y malversación, por lo que su testimonio enlaza perfectamente con la prueba pericial realizada este miércoles, en la que cuatro expertas de Hacienda cifraron en al menos 917.648 euros sin IVA los gastos que la Generalitat comprometió para financiar el referéndum unilateral.

Los últimos cuatro testigos que han comparecido ante el tribunal han seguido la línea de los acusados ante el tribunal y han negado que se destinara dinero público al 1-O, en concreto los gastos que, según las acusaciones, se repartieron entre varias consejerías para sufragar el referéndum ilegal. Todo salió de particulares, con lo que se neutralizaría no ya una causa como la que se sigue contra los 12 acusados, sino como la que se abrió en el Tribunal de Cuentas contra el expresidente Artur Mas por el 9-N. 

Los expertos discrepan

Tras los testigos, comparecieron todos juntos, los peritos de las acusaciones y los de las defensas para cuantificar el gasto que supuso la utilización de locales para la votación ilegal. Esa coincidencia ha provocara que la prueba fuera confusa y lo que mantenían unos expertos fuera cuestionado por los siguientes. 

Los peritos propuestos por la fiscalía y la abogacía del Estado afirmaban en un informe que "la hipótesis de su puesta en alquiler en el mercado, es decir, de la renta potencial que cabe asignarles de acuerdo o sus condiciones físicas y de localización" asciende a 900.906 euros por día.

Ante el tribunal, ambos defendieron sus conclusiones, pero los de la defensa destacaron que ni niquiera habían determinado la titularidad de los inmuebles, cuando solo se podría haber tenido que calcular los pertenecientes a la Generalitat, que son aproximadamente la mitad de los utilizados. Otro motivo de la discrepancia fue el criterio con el que se calculó la cuantía que se dejó de percibir por el uso ilícito de una instalación pública. 

Sin informe sobre Enfocats

Y los peritos que más expectación producían: los guardias civiles que analizaron la documentación intervenida al número dos de Oriol Junqueras en Economia, Josep Maria Jové, no han podido declarar.

Uno de ellos ha sido expulsado por haber comparecido ya como testigo y el otro, porque su comparecencia se ha fijado en la condición de testigo experto, no como perito, lo que le vetaba realizar valoraciones. El problema ha sido que a cada pregunta que le dirigía el fiscal Javier Zaragoza, el sargento hacía una. La última ha consistido en declarar que "la movilización ciudadana estaba coordinada desde el gobierno". Ante la imposibilidad de pronunciarse sobre lo intervenido en el domicilio de Jové, donde se encontró Enfocats y su agenda, y no hacer valoraciones, su comparecencia se comprobó que era inútil.

Los peritos que analizaron las lesiones sufridas por los agentes -prueba propuesta por la defensa de Junqueras- han concluido que era imposible determinar que se produjeron por agresiones de otras personas. A preguntas de las acusaciones han admitido que también pueden producirse por este motivo, como una patada o puñatazo, pero ellos solo han podido examinar la lesión, sin ninguna otra referencia. 

Sin obligación

La responsable del departamento de Gramática del Institut d'Estudis Catalans se ha permitido impartir una clase lingüística sobre las diferencias entre el castellano y el catalán. Tras afirmar que el "español es más rico en perífrasis" que el catalán, ha asegurado que la policía había incluido un sentido de obligación en una declaración del 'exconseller' Joaquim Forn que en catalán no existe. De ahí que se le atribuya que el referéndum se "debía celebrar", cuando solo quería decir que "se celebrará" o "se va a celebrar".