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LA ENCRUCIJADA CATALANA

La fiscalía pide la suspensión "inmediata" de los presos electos

La presidenta del Congreso ha remitido un escrito al Supremo para que aclare la situación

J. G. Albalat / Ángeles Vázquez

Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sánchez, en imágenes del día de la constitución del Congreso de los Diputados.

Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sánchez, en imágenes del día de la constitución del Congreso de los Diputados.

La fiscalía ha solicitado este miércoles al Tribunal Supremo que ordene al Congreso "la aplicación inmediata" de la suspensión de sus funciones como diputados a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez, por efecto automático de la aplicación del artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal. Con ello resulta innecesario que la Mesa del Congreso acuerde esta medida respecto a los presos electos que están siendo juzgados por rebelión. Lo mismo pasa con el senador Raul Romeva. Al final ha salido adelante en la fiscalía la posición partidaria de no esperar que el Congreso aplicara su propio reglamento.

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El texto del escrito presentado por la Fiscalía del Tribunal Supremo

El texto del escrito presentado por la Fiscalía del Tribunal Supremo

Los cuatro fiscales adscritos al caso han mantenido en los últimos días una intenso debate sobre esta cuestión, ya que habían discrepancias entre ellos. La posición que al final ha triunfado es la más contundente: pedir la suspensión de oficio, sin esperar a que lo tratara la Mesa del Congreso. 

La fiscalía, por lo tanto, ha pedido que el tribunal que dé el paso que los magistrados, por ahora, han eludido. Es decir, recordar a las Cortes que el artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal impone la suspensión del ejercicio del cargo electivo a quienes estén procesados por rebelión y en situación de prisión provisional. El ministerio público considera que la suspensión debe ser efectivamente acordada por las Mesas del Congreso y el Senado

Los magistrados valoraron instar la suspensión al Congreso por el 384 bis y finalmente entendieron que con la aplicación de los reglamentos de las cámaras era suficiente porque en ellos se establece que la suspensión debe ser automática una procesados en firme y en prision, como es el caso. El ministerio público, sin embargo, ha instado ahora a hacerlo y a adoptar las medidas precisas "para dar plena efectividad a la previsión legal", a pesar de que algunos fiscales partidarios de la fórmula defendida por el tribunal.

Los requisitos

El artículo 384 bis establece que "firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por [...] individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión".

La petición de la fiscalía recuerda que el tribunal descartó la petición de suplicarotrio para enjuiciar a los parlamentarios electos que ya estaban procesando e inculpados cuando concurrieron a las elecciones, a la vez que rechazó la solicitud de libertad provisional. Y recalca que la ley de enjuiciamiento criminal establece una normativa de obligatorio cumplimiento si concurren, como es en este caso, que el procesamiento por rebelión sea firme y que los diputados estén en prisión provisional. A su entender, las Cámaras parlamentarias "deben procedr a la ejecución sin trámites de la medida de suspensión" de los presos electos.

Respetar los tiempos

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha señalado este miércoles que "todo indica" que los diputados catalanes en prisión preventiva van a tener que ser suspendidos porque no podrán ejercer plenamente las funciones para las que han sido elegidos. La dirigente socialista ha subrayado en la Ser que tanto la ley de enjuiciamiento criminal como el reglamento del Congreso son "bastante claros" en este sentido. No obstante, ha llamado a respetar los tiempos y esperar a que se reúna la Mesa de la Cámara para decidir sobre las solicitudes de suspensión de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez. Por esa razón, ha remitido un escrito al Supremo donde pide aclaraciones sobre la suspensión de los diputados y del senador.