La fiscalía investiga un presunto desvío de dinero público al PDECat

La Fiscalía de Barcelona está investigando el presunto desvío de fondos públicos destinados al deporte que, a través de una entidad soberanista, habrían ido a parar al PDECat. El fiscal de Barcelona Fernando Maldonado ha abierto las diligencias a raíz de una denuncia presentada a mediados del 2018 ante la Policía Nacional y en la que se detalla que la oenegé Catmon/Igman recibió, al menos, 10.000 euros del Canal Olímpic de Catalunya/Equacat, una sociedad pública participada por la Generalitat, mediante facturas de publicidad insertada en la revista de esa asociación por un importe superior al precio del mercado. Los fondos, indica la denuncia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, "son realmente derivados al PDECat". Operativas similares irrregulares "se pueden estar" haciendo desde otras entidades deportivas catalanas, según fuentes conocedoras del caso.

Catmon tiene como objetivo el reconocimiento internacional de "la nación catalana". Su presidente es Víctor Tarradellas, exsecretario de Relaciones Internacionales de la extinta Convergència (CDC), y en su patronato ha estado el actual diputado de Junts per Catalunya (JxCat) Francesc Dalmases. En mayo del 2018, el juez de Barcelona Joaquín Aguirre desarrolló una amplia operación, bautizada con el nombre de Estela, en la que participaron 500 agentes de la Policía Nacional y en la que se practicaron 20 registros y 30 detenciones por el  supuesto desvío de fondos públicos a través de subvenciones irregulares de la Diputación de Barcelona, en la época en que estaba presidida por Salvador Esteve (CiU). Uno de los arrestados en esa operación fue Tarradellas, ya que su oenegé, Catmon, fue una de las beneficiarias de esas ayudas públicas. Entre el 2011 y el 2015, esta entidad percibió más de 10 millones de euros de diferentes organismos públicos de la Generalitat.

La investigación iniciada ahora por la fiscalía no tiene de entrada relación directa con las pesquisas del juez Aguirre. Este nuevo caso parte de una denuncia de la policía que se centra en el presunto desvío de fondos de la sociedad Canal Olímpic de Catalunya/Equacat, presidida por el secretario general de Esports de la Generalitat, Gerard Figueras, exdiputado y expresidente de las juventudes de CDC, que sustituyó en febrero del 2016 a Ivan Tibau.

Según la denuncia que ha dado pie a la investigación de la fiscalía, Figueras solicitó en el 2018 al Canal Olímpic que aportara 10.000 euros a la entidad soberanista Catmon, supuestamente para la construcción de unos vestuarios deportivos en Sarajevo. El pretexto ofrecido por el alto cargo de la Generalitat fue que a raíz de la aplicación por parte del Gobierno del artículo 155 de la Constitución, la oenegé no podía recibir ese dinero en concepto de ayuda solidaria. 

La relación entre el Canal Olímpic y Catmon, sin embargo, venía de años atrás. A finales del 2016, la oenegé giró tres facturas por un importe de 3333,34 euros cada una al Canal Olímpic por la inserción de anuncios en la contraportada de la revista de la entidad, un importe muy elevado para una publicación de estas características. Las facturas las firman Figueras y Xevi Ardite, que era apoderado de la empresa e la Generalitat. Esos fondos, según la denuncia, son "derivados al PDCat", partido que se había fundado meses antes como heredero de CDC.

Fuentes del PDEcat han asegurado que no tiene constancia de la investigación de la fiscalía y que el partido no tiene relación con el Canal Olímpic ni con Catmon. Un portavoz de la secretaria de l'Esport ha explicado que tampoco tiene ninguna comunicación oficial.    

La fiscalía tiene en su poder una factura que probaría que el Govern de Artur Mas podría haber estado pagando otros gastos vinculados al proceso soberanista, concretamente del referéndum independentista del 9 de noviembre del 2014. El documento data del 31 de diciembre del 2015, en la época de Tubau, y fue girada por Unipost a Canal Olímpic/Equacat por el "diseño, manipulación y distribución" de folletos vinculados a la entidad deportiva. El coste total, 17.955,71 euros, IVA incluido. Los investigadores tienen pruebas de que ese dinero pudo ir destinado a pagar los trabajos que Unipost realizó para el 9-N.