Un juez alega que las cargas policiales del 1-O produjeron un "quebranto" en la imagen de Barcelona

El juez de Barcelona que investiga las cargas policiales en la capital catalana durante la jornada del referéndum unilateral del 1-O ha desestimado la petición del abogado del Estado, al que se sumó la fiscalía, de expulsar del proceso judicial al Ayuntamiento de Barcelona como acusación popular. El auto del magistrado argumenta que ese día se produjo un "evidente quebrato" de la imagen internacional de la ciudad.

La resolución incide que "nos encontramos ante unos hechos que han supuesto, únicamente en el municipio de Barcelona, la existencia de unas 300 personas lesionadas", así como unos 30 agentes de policía , en una "jornada que fue retransmitida prácticamente en directo por casi todos los medios de comunicación y que alcanzó una proyección mediática internacional indudable".

Protección de los ciudadanos

Por lo tanto, según el togado, al haberse producido un "evidente quebranto de la imagen internacional de la ciudad", de debe aplicar la Casta Municipal de Barcelona en cuanto permite la personación del Consistorio como acusación popular "en cuanto a la garantía de la protección física de los ciudadanos" de la ciudad

El juez recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional que destaca que las "entidades de derecho público no tienen vetado el uso de la acción popular", al no existir prohibición concreta. E incide que solo se puede expulsar del proceso a una parte personada que haya ejercido "abusivamente" su derecho, cosa que en "absoluto" ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona. 

Testigos y pruebas

El juez, por otra parte, ha citado como testigo a exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto y ha requerido los informes policiales sobre la intervención de los antidisturbios y las órdenes previas que recibieron. El exalto cargo deberá comparecer el próximo 18 de junio, aunque es posible que la declaración se haga por videoconferencia.

Otras de las diligencias acordadas por el magistrado es requerir al Tribunal Supremo que le remita la declaración de Sebastián Trapote, que el 1-O era el jefe de la Policía Nacional en Cataluña, en el juicio del 'procés' contra los líderes independentistas.

El magistrado ha pedido además que se le precise qué agentes ordenaron retirarse a los antidisturbios antes de completar la lista de centros de votación donde debían actuar, un repliegue que el propio exministro de Interior Juan Ignacio Zoido dijo no haber ordenado y que obedecía a decisiones operativas.

Asimismo, el juez ha solicitado al comisario jefe de las Unidades de Intervención Policial (UIP) -antidisturbios- de la Policía Nacional el listado de los centros de votación donde debían actuar y las órdenes de ejecución operativa, "con indicación precisa" de cómo y en qué día y hora se distribuyeron las escuelas al responsable de cada núcleo.

También ha pedido los informes sobre las intervenciones de los antidisturbios redactados por los jefes de cada grupo operativo tras su intervención contra el 1-O, así como las grabaciones transcritas de las comunicaciones que mantuvieron ese día agentes que actuaron para impedir la votación.

A los Mossos d'Esquadra, el magistrado les requiere la copia del correo electrónico y sus anexos que se envió al coronel Diego Pérez de los Cobos, exalto cargo del Ministerio de Interior que coordinó el dispositivo del 1-O, con el listado de todos los centros de votación del referéndum.