Iceta y la gestión del fracaso

En homenaje y recuerdo a mi amigo Alfredo Pérez Rubalcaba

El proceso soberanista, en sus objetivos últimos y radicales, ha fracasado, aunque el independentismo tenga vivacidad y energía social como lo demostraría el 'entrismo' de la ANC en la Cambra de Comerç de Barcelona. Una victoria significativa en el ámbito empresarial pero que no oculta los síntomas de la extrema fatiga del pulso separatista con el Estado. Los dos últimos incorporan significaciones distintas. El primero fue la desmesura perpetrada por la directora general de memoria histórica de la Generalitat en el campo de exterminio nazi de Mauthausen el pasado domingo. La evocación allí a los supuestos "presos políticos" catalanes, resultó un auténtico despropósito ético y cívico que habla de la pérdida de referencias de los responsables políticos soberanistas más hiperventilados.

El segundo síntoma del fracaso del discurso secesionista ha resultado ser el aval del Tribunal Supremo y del Constitucional a la candidatura de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí a las elecciones al Parlamento Europeo. No es posible casar este amparo a tres huidos de la justicia española y acusados de graves delitos con el mantra de que España es una democracia 'a la turca'. Muy por el contrario, el modelo español es plenamente garantista y ofrece un ejemplo de respetuosa protección a los derechos fundamentales. Puigdemont y sus compañeros fugados quizá hubiesen deseado ser excluidos de la lista europea para victimizarse y acreditar así sus invectivas contra la democracia española. Por fin, es elocuente la encuesta del CEO: por primera vez en dos años son más los que no desean la independencia que aquellos que la desean.

Al futuro Gobierno que presida Pedro Sánchez le corresponderá la gestión del fracaso del proceso soberanista. Será una operación muy delicada porque el 'procés' podría aún producir réplicas y habrá que actuar hábilmente para que el fiasco del 2017 no se interiorice como una nueva y frustrante derrota. Se trataría, en definitiva, de que se superase la crisis sin prepotencias, con discreción, sin causar en su tramo final más daños de los ya producidos. En ese propósito juega un papel importante el Senado y su previsible presidente, Miquel Iceta, primer secretario del PSC que obtuvo un muy buen resultado el pasado 28-A, significativo de que una parte mayoritaria del constitucionalismo desea alguna forma de entendimiento con ERC, ahora hegemónico en el campo soberanista.

Las potencialidades de la institución

El PSOE se hizo en las pasadas generales con 121 de los 208 miembros del Senado, la Cámara territorial. Durante la pasada legislatura se descubrieron sus potencialidades. La autorización para aplicar medidas gubernamentales de intervención al amparo del artículo 155 corresponde a la mayoría absoluta de los senadores. Y, por si fuera poco, el Senado asume la aprobación definitiva (es decir, tiene derecho de veto) del techo de gasto, un requisito imprescindible para tramitar y aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Además, el presidente de la Cámara es el anfitrión de la conferencia de presidentes autonómicos. Añádase a esas funciones otras no menores: el control al Gobierno, simultáneo con el del Congreso, las comparecencias de presidentes autonómicos y la segunda lectura de las leyes aprobadas en la Cámara baja.

La Cámara alta es pieza clave en una reforma federal del Estado por la que apuestan los socialistas catalanes

Pero hay más: el Senado es la instancia representativa cuya reforma –con otras– federalizaría el Estado, muy en la línea de los documentos programáticos del PSOE impulsados por el PSC. Aunque no hay posibilidades reales de una modificación constitucional en el medio plazo, podría haberlas en el largo, y plantearse casi inmediatamente el inicio de los estudios –algunos ya realizados– de cómo debe conformarse el Senado en un Estado con una clara vocación federal, tan próxima a la autonómica vigente.

De ahí que Iceta resulte un hombre adecuado para estar al frente de la Cámara alta en esta legislatura. Su designación incorpora un mensaje a Catalunya –a la soberanista y a la constitucionalista– pero también al conjunto de España. Los políticos catalanes deben asumir responsabilidades de Estado y su escasez en los mandos del poder central ha sido uno de los déficits más perjudiciales para la buena integración catalana en la política general.

En la misión de gestionar el fracaso del proceso soberanista –y de no hacerlo torpemente ni por defecto ni por exceso– Iceta puede cumplir un papel sustancial cuando se den las condiciones que definan el nuevo marco en el que Catalunya va a desarrollar su vida institucional: tras la sentencia del Supremo y después de unas nuevas elecciones catalanas que, seguramente, dibujarán un mapa de poder distinto al actual en la Generalitat. Desde ese punto de vista, resultaría increíble –por filibustero y desleal– que se torpedease su designación como senador autonómico el próximo jueves en el Parlament.

Sentido político

Es verdad que Iceta deberá disciplinarse. Lo hará porque no es hombre soberbio y cuando le ha traicionado su verbosidad en relación con temas delicados como la prisión preventiva de los políticos catalanes, su posible indulto o la especulación sobre qué haría el Estado si un eventual 65% de catalanes apostasen por la independencia ha sabido rectificar. Algo importante debe también valorarse en Iceta: ha sido el líder que ha salvado del naufragio al PSC después de que el socialismo catalán fuera cantera de dirigentes secesionistas (Comín, Ernest Maragall, Ferran Mascarell, Joan Ignasi Elena…) provocando en el socialismo español una hostilidad superada cuando el actual primer secretario del PSC firmó en marzo del 2017 con Javier Fernández un nuevo protocolo con el PSOE que puso a salvo la unidad de acción de ambos en Catalunya. Por eso, su designación a la presidencia del Senado tiene un incuestionable sentido político.