La Junta de Andalucía informa a Vox de los trabajadores de unidades contra la violencia machista

Vox Andalucía ya cuenta con los datos sobre los trabajadores de las unidades de evaluación de violencia de género. La Junta de Andalucía ha terminado facilitando la información, aunque sin datos identificativos ni de género. Suficiente para que la formación ultraderechista considere que su teoría acerca de la falta de capacitación de los profesionales y su ideologización es cierta, ya que la mitad de estos profesionales no están colegiados, y reclame solventar cuanto antes una situación “gravísima y escandalosa”. Desde el Gobierno reconocen que no quedaba más remedio que facilitar los datos, aunque señalan que la falta de colegiación no merma la capacitación o preparación de esos profesionales.

Fue el líder de la formación ultraderechista en Andalucía, Francisco Serrano, quien confirmó el jueves por la noche en una entrevista en la cadena local 7TV que habían recibido los datos, confirmando que “al final teníamos razón” y que los datos que apuntan que muchos de esos trabajadores, médicos y psicólogos, no están vinculados a un colegio profesional avalan su postura. Vox insiste en que se trata de personal que accedió a los puestos por otros motivos, sin preparación alguna, vinculándolos al “feminismo radical”.

La formación cuestiona así los informes “ideologizados” que emiten para evaluar el riesgo de las víctimas de la violencia machista, la posible reincidencia del agresor o quien se queda la custodia de los menores en caso de haberlos. No obstante, no son vinculantes. “Para ser médico, los médicos necesitan pasar un periodo de Médico Interno Residente. Para ser psicólogos en la administración tienen que haber pasado como Psicólogos Internos Residentes”, insistió Serrano en la entrevista, abundando en que sin colegiación esos profesionales prestan el servicio “sin ningún control ni responsabilidad deontológica”. Por eso, ahora mismo están estudiando toda la información recibida antes de decidir el siguiente paso, confirman desde el partido, aunque van a ampliar la petición para conocer la distribución de los trabajadores por categorías profesionales.

"Trabajadores preparados y capacitados"

La versión que ofrece la Junta de Andalucía, gobernada por el PP y Ciudadanos, es diferente. Rebajan a un 40% la cifra de trabajadores no colegiados, y recuerdan que “una cosa es no tener la titulación y preparación otra es no estar colegiado”, respondió el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), sobre quien recaen estas competencias. “Él, como magistrado debería saberlo. Todos los trabajadores que prestan su servicio en la atención en las unidades de violencia integral de género y los equipos psicosociales tienen toda la preparación y capacidad necesarias para desarrollar su trabajo”, subrayó.

En este sentido, la Junta ha solicitado ya a estos trabajadores que se colegien lo antes posible, pero mantiene que “bajo ningún concepto, se puede decir que alguna de estas personas no esté cualificada para hacer su trabajo” dado que han pasado las pruebas pertinentes para trabajar en la administración. Y conceden que aunque según la jurisprudencia, la colegiación es un requisito imprescindible, al no haber normativa estatal que desarrolle este derecho, se produce un vacío legal.

Gobierno "secuestrado" por la ultraderecha

El asunto ha desatado una auténtica tormenta en el Parlamento andaluz, con acusaciones de PSOE y el sindicato UGT de ceder al chantaje de Vox para mantenerse en el poder. La petición de estos datos para la elaboración de unas supuestas “listas negras” fue precisamente uno de los argumentos esgrimidos por el entonces candidato socialista a La Moncloa, Pedro Sánchez, en el segundo debate electoral de la pasada campaña para movilizar el voto de izquierda ante el miedo al bloque de la derecha.

“La única intención que tiene Vox con esa lista es amedrentar a los profesionales para que no hagan su trabajo. Aquí nunca ha habido listas negras, pero los intereses de este Gobierno están supeditados a la extrema derecha”, dijo la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, este viernes. Recordó que en la región “nunca ha habido listas negras”, pero “el gobierno andaluz está secuestrado y supeditado a los intereses de la extrema derecha”, criticó.

La expresidenta cuestionó que mientras el PP en Madrid reproche a Vox ser “la ultraderecha, en Andalucía estén cediendo a todos los chantajes para intimidar y amedrentar a los trabajadores”. En la misma línea, UGT consideró “lamentable y peligroso que se fiscalice a estos trabajadores y que el Gobierno andaluz, que se presupone que debe estar dotado de responsabilidad, entre en este juego sucio de persecución de la plantilla que se dedica a trabajar en las unidades de violencia de género y en los equipos de menores”. “Qué será lo siguiente, también se pedirán los datos de la Guardia Civil o de la Policía, o si se exigirán los datos de los profesores de la escuela pública que, según ellos (Vox), no den la materia como a ellos les gustaría”, reprochó el sindicato.

En este sentido, desde la Junta de Andalucía subrayan que Vox registró la pregunta por escrito en el Parlamento pidiendo los datos de colegiación, y que es obligatorio atender esos requerimientos. Así, y tras confirmar la cámara autonómica que no se podía vulnerar la ley de protección de datos, se ha facilitado los datos de forma genérica, sin nombres ni apellidos, género o DNI.