La Generalitat pide casi cuatro años de cárcel por los disturbios del día de la investidura fallida de Puigdemont

La Generalidad ha pedido tres años y diez meses de prisión contra un joven por los disturbios que tuvieron lugar en el parque de la Ciutadella de Barcelona después de la investidura fallida de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. Lo que sorprende es que, la Fiscalia pide penas menores por los mismos delitos. El Ministerio Fiscal reclama tres años de prisión por desordenes públicos y atentado contra la autoridad. Los CDR han salido en defensa del acusado, criticando estas peticiones de condena, sobretodo por parte de la Generalitat. Los CDR denuncian que "no solo no se ha restituido el Govern, sino que además pretenden encarcelar aquellos que se movilizaron siguiendo sus consignas".

Escritos de acusación

Según los escritos de acusación, que son casi idénticos, alrededor de las 13h del 30 de enero miles de personas se concentraron alrededor de la Ciutadella, protestando por el hecho de que poco antes el presidente del Parlament, Roger Torrent, hubiera anulado el pleno en el que se tenía que investir a Carles Puigdemont, después de que el Tribunal Constitucional vetara la votación. En el momento de máxima afluencia había unas 5.000 personas en el paseo Lluís Companys y unas 2.700 en la avenida Marquès d'Argentera. Hacia las 16h, apareció un "grupo que agitó la masa de concentrados y provocó momentos de tensión" con los Mossos. Entre los concentrados hubo personas que forzaron las cadenas que cerraban al menos tres de los accesos al parque, lo que permitió a centenares de personas superar los Mossos antidisturbios que vigilaban los accesos. Los manifestantes movieron las vallas metálicas de seguridad, saltaron los muros perimetrales -de unos tres metros de altura- y se encerraron con los antidistirbios, lo que obligó a los últimos a reforzar los accesos al parque con más agentes y vehiculos policiales. A las cuatro y cuarto ya habían accedido al parque entre 1.000 y 1.500 personas, dirigiéndose al Parlament, pero no pudieron acceder porque había otro perímetro de seguridad, más vallas metálicas y más agentes. "La hostilidad de los que habían conseguido entrar en el parque incrementó y se produjeron empujones y lanzamientos de objetos contra la policía, provocando que los agentes de la Brimo tuvieran que protegerse de las acciones de los concentados para reestablecer el orden publico, llevando a cabo algunas cargas y utilizando las defensas", continúan los escritos.

La detención

Un jóven, vecino de Solsona, estaba cerca del parque con un casco de moto integral puesto y un buf que le tapaba la cara, acompañado de un grupo de personas. Según las acusaciones, el joven colocó una cuerda en una reja del parque para que la gente pudiera trepar y acceder a la Ciutadella. Unas cuantas personas consiguieron entrar. Alrededor de las 17.35, el joven golpeó con un martillo una cadena de la reja y en ese momento fue descubierto por dos Mossos de paisano. Lo identificaron y le ordenaron que dejara de golpear la reja. Ante la negativa, el joven fue alejado de la puerta a manos de los policías. El joven dio el martillo a otro hombre y se resistió a ser detenido, propiciando patadas y empujones a uno de los agentes. Intentó escapar corriendo pero fue atrapado por los policías. A pesar de los golpes de martillo, las cadenas no sufrieron ningún daño apreciable.

"Govern represivo"

En un comunicado, los CDR y Alerta Solidària consideran que la Generalitat actúa contra el joven para "acabar de imponer el silencio que tanto les incomoda". "Es el mundo al revés capitaneado por los que no han sabido dirigirse en ningún momento a la ciudadanía con la sinceridad y la transparencia que el momento reclama", continua el comunicado, que añade que "es la evidencia del paso del Govern efectivo al Govern represivo", criticando especialmente al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y al 'conseller' d'Interior, Miquel Buch.