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La Junta de Andalucía inicia el trámite para despedir a Bernat Soria

El exministro socialista incumplió la exclusividad laboral del contrato, por la que recibía un plus de 5.000 euros que se sumaba a su salario de 15.000

Julia Camacho

El exministro Bernat Soria, en una imagen de archivo.

El exministro Bernat Soria, en una imagen de archivo. / EFE

El exministro e investigador Bernat Soria ya no trabajará para la Junta de Andalucía, al trascender que además de su sueldo en la administración pública (el más alto de toda la estructura funcionarial) mantenía su actividad privada sin haberlo comunicado, incumpliendo por tanto la Ley de Incompatibilidades. La Fundación Progreso y Salud, adscrita a la Consejería de Salud y Familias, ha iniciado ya los trámites para la rescisión de su contrato y el de otro científico, Shom Shanker, por no supervisar ni dar cuenta de la falta de asistencia de un subordinado a su puesto de trabajo.

Fuentes del ejecutivo andaluz quisieron desligar la salida de Soria de cualquier persecución ideológica, y explicaron que fue el propio ejecutivo de la socialista Susana Díaz quien a finales del pasado año inició un expediente informativo al sospechar del incumplimiento de la exclusividad laboral, requisito fundamental de su puesto de trabajo y que le suponía un plus de 5.000 euros. Según adelantó entonces el diario Abc, se detectó un posible conflicto de intereses y “quebranto de la buena fe contractual, lealtad, normativa de incompatibilidades y compromiso de exclusividad”. Ya en el poder, el nuevo gobierno de PP y Cs puso en marcha una auditoría externa y revisó con lupa todos los contratos de alta dirección para ver cómo se aplicaba la ley que limita el salario de los altos cargos y directivos de empresas públicas al tope cobrado en la presidencia de la Junta (unos 69.000 euros).

La salida de Soria es por tanto la de un símbolo de la administración socialista, ya que el científico especializado en células madre y la cura de la diabetes era “el trabajador de la Junta de Andalucía que más cobra”: 150.000 euros anuales según las cuentas de la fundación Progreso y Salud, más el plus de exclusividad. Así, habría percibido más de 1,2 millones de euros durante la década que estuvo en ese puesto. Por eso, y antes de conocerse su despido, el portavoz del Gobierno andaluz Elías Bendodo adelantó que se “actuaría con firmeza” ante posibles “posibles fraudes laborales a la administración, con independencia del cargo político y del nombre del responsable”. “Se le exigía exclusividad”, apuntó esta misma semana en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno.

Bernat Soria recaló en la administración andaluza en agosto de 2005, después de que el entonces presidente Manuel Chaves le reclamara para que asesorara a los científicos andaluces en el campo de las investigaciones con células madre embrionarias, especialidad en la que es considerado uno de los expertos más prestigiosos del mundo pese a que sus inicios se encontró duros reproches de los sectores más conservadores y religiosos. Andalucía quería despegar con su ayuda como “referente de la investigación biomédica”. Su trabajo y cercanía al PSOE le valió que en 2007 José Luis Rodríguez Zapatero le nombrara ministro de Sanidad. El paso por el gobierno central duró hasta 2009, cuando fue sustituido por Trinidad Jiménez. El valenciano retornó a Andalucía para dirigir el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa de Sevilla (Cabimer). También ficho en ese año por la fundación Salud y Progreso.

Ahora ha sido el informe encargado por el nuevo gobierno el que ha constatado que el exministro mantenía vinculaciones directas con otras empresas, relacionadas con su hija, que tenían actividad en el mismo campo de la medicina regenerativa y biología molecular, por lo que acusan a Soria de “mala fe y deslealtad” al no comunicar nunca esta situación y tratar de ocultarla usando a su hija, que consta como administradora de una de esas empresas. El caso del otro trabajador, con un sueldo similar de 150.000 euros, la rescisión de contrato se produce por haber permitido la existencia de un trabajador “fantasma”, que cobraba del centro público sin acudir a su puesto. Aunque le acabó despidiendo tras un expediente disciplinario, la falta de vigilancia le ha valido también su marcha. La auditoría, analizada por la cúpula Fundación Salud y Progreso este jueves, recomendaba el cese de ambos.

Temas: Andalucía