Puigdemont lanza una nueva ofensiva para que la UE castigue a España

Deficiente reconocimiento y escaso respeto de los derechos de las minorías, politización de las altas instancias jurisdiccionales, escaso o nulo respeto de los principios que rigen la Unión Europea, utilización espuria de la euroorden o vulneración de derechos civiles y políticos. Estos son algunas de las supuestas vulneraciones que, según la Asamblea Nacional Catalana y el Consell per la República, existen en España y que detallan en una iniciativa ciudadana que han presentado este jueves para que Bruselas meta a España en el mismo saco que a Hungría o Polonia. El objetivo: que la Comisión Europea active el llamado ‘botón nuclear’ –el artículo 7 del Tratado- y castigue a España con la retirada del derecho de voto en el Consejo. 

“Cuando hay un retroceso nos concierne a todos” y “la democracia está en riesgo por tres factores como mínimo: el aumento del populismo, de la xenofobia y la debilidad con la que los Estados miembros expresan su compromiso con los valores de la UE”, ha advertido el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha comparecido para presentar la iniciativa junto a los exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluis Puig así como la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, y el ex vicepresidente de la Eurocámara y presidente de la asamblea de Occitania, Gerard Onesta. 

El líder independentista catalán ha rechazado que la iniciativa sea “una estrategia de defensa en el proceso de independencia de Catalunya” aunque ha avisado que su exclusión de la lista a las elecciones europeas es el último ejemplo de la regresión que se vive en España. También ha negado que sea una propuesta contra el Estado español” sino “a favor del refuerzo democrático”. La propuesta, de 177 páginas y que lleva como título “derecho de la unión, derechos de las minorías y democratización de las instituciones españoleas”, se centra en los acontecimientos ocurridos a partir del 1 de octubre de 2017 pero menciona ejemplos desde que en 2005 el Parlament de Catalunya aprobara el nuevo Estatut de autonomía. 

Ejemplo de democracia participativa

La iniciativa ciudadana europea fue introducida por el Tratado de Lisboa como una herramienta de democracia participativa para permitir a los ciudadanos plantear cambios legales en cualquier ámbito en el que la Comisión Europea tiene competencias para proponer legislación. Para que sea posible presentarla sus promotores necesitan la firma de siete ciudadanos de siete Estados miembros. En este caso además de Paluzie han secundado la iniciativa otras seis personas procedentes de Francia, Alemania, Eslovenia, Finlandia, Suecia y Bélgica.

La autorización de la iniciativa ciudadana no es automática y la Comisión Europea tiene ahora dos meses de plazo para decidir si la registra la propuesta o la rechaza, como ya ha ocurrido en otras ocasiones en las que ha constatado que no estaba en el ámbito de sus competencias o que no es “manifiestamente abusiva, frícola o temeraria” ni contraviene “los valores de la UE”. Solo si la acepta los promotores, tendrán doce meses de plazo para recoger al menos un millón de firmas en al menos siete Estados miembros. Si las autoridades comunitarias rechazan el registro, Puigdemont ya ha anunciado que recurrirá la decisión ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Hasta ahora ninguno de los intentos del Govern o de sus representantes ha logrado resquebrajar el firme apoyo de las instituciones europeas a España. El último en pronunciarse fue hace unas semanas el vicepresidente y candidato de los socialistas a presidir la próxima Comisión, Frans Timmermans, durante un debate celebrado en el Comité de las regiones y en el que intervino Alfred Bosch. Ante las acusaciones del conseller catalán, el socialista holandés volvió a recordar que "España es un Estado miembro donde se aplica el Estado de derecho" y se respetan plenamente "los derechos democráticos" y los "derechos humanos".