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Delitos de torturas y genocidio

El Tribunal Constitucional avala dar carpetazo a las querellas sobre Guantánamo y el Tíbet

El tribunal reitera el derecho del legislador a restringir el acceso a la jurisdicción universal

El Periódico / Agencias

Entrada a los campos 5 y 6 de la prisión miltar norteamericana de Guantánamo (Cuba), en una imagen de archivo, en junio del 2014.

Entrada a los campos 5 y 6 de la prisión miltar norteamericana de Guantánamo (Cuba), en una imagen de archivo, en junio del 2014. / AP / BEN FOX

El Tribunal Constitucional ha rechazado los recursos de amparo presentados contra el archivo de las causas abiertas en su día para juzgar posibles delitos de torturas en la base de Guantánamo y de genocidio en el Tíbet, reiterando el derecho del legislador a restringir el acceso a la jurisdicción universal.

El Constitucional se remite al argumento que asentó en la sentencia dictada el pasado diciembre para desestimar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada por el Gobierno del PP en el 2014, que limitó el acceso a la justicia universal.

En una sentencia que publica este jueves el Boletín Oficial del Estado, el tribunal desestima el recurso de amparo promovido por dos expresos de Guantánamo, la asociación Prodignidad de los Presos y Presas de España, el Center for Constitucional Rights de Nueva York y el European Center for Constitutional and Human Rights de Berlín tras archivarse la causa por presuntos delitos de torturas, contra la integridad moral y crímenes de guerra en la base estadounidense.

Y en una segunda resolución rechaza el recurso presentado por la asociación Instituto de Derechos Humanos Sri Aurobindo contra el archivo de su querella por delitos de genocidio, torturas, terrorismo y de lesa humanidad contra ex altos cargos del Gobierno chino durante la ocupación del Tíbet en el 1950.

Reforma de la jurisdicción universal

Con la reforma de la jurisdicción universal del 2014, quedaron sobreseídas las causas abiertas que no cumplieran los nuevos requisitos de la ley, que fijó que la justicia española sólo puede perseguir un delito cometido en el extranjero si la víctima es española y, además, el presunto responsable es español o extranjero que se encuentre en territorio español.

El Constitucional reitera que los tratados de derechos humanos ratificados por España no recogen un principio de jurisdicción universal absoluto que no pueda ser alterado por el legislador.

A su juicio, aunque "pudieran existir sistemas que garantizasen mejor el acceso de las víctimas al sistema judicial", la reforma del 2014 no es inconstitucional por definir el principio de la jurisdicción universal de forma restrictiva; las víctimas, recuerda, siempre podrán acudir a la jurisdicción de otros países o al Tribunal Penal Internacional.

En el caso de Guantánamo, en el recurso se alegaba también que al archivar la causa no se había considerado debidamente que dos funcionarios de policía españoles pertenecientes a la Unidad Central de Información Exterior, acompañados de un agente diplomático español, habían interrogado a los dos querellantes en Guantánamo (Cuba) en julio del 2002.

El Constitucional subraya que no había indicios que sostuvieran la pretensión de imputar a esos agentes por las torturas y que su asociación con los mismos era "una mera conjetura", "infundada, no verificada, infundada y por tanto inválida". 

Archivado el caso de José Couso

La reforma del 2014 llevó al archivo de numerosas causas, entre ellas la del asesinato del cámara de televisión José Couso en la guerra de Irak, cuya familia también recurrió al Tribunal Constitucional.

El pasado octubre, David Couso, hermano de José, se reunió con los grupos del Congreso y todos, incluido el PP, acordaron corregir la ley para que los tribunales españoles puedan perseguir delitos cometidos en el extranjero si hay víctimas españolas, sin necesidad de que los presuntos criminales estén en España.

A principios de este mes, en el decimosexto aniversario de la muerte de Couso, su familia pidió a los futuros grupos parlamentarios que retomen esa promesa tras las elecciones del 28-A.