'FACT-CHECK'

Mentiras en campaña: la multa de Cs, el favor a los presos y las pensiones

La rueda de prensa de Oriol Junqueras organizada por la ACN en Soto del Real.

La rueda de prensa de Oriol Junqueras organizada por la ACN en Soto del Real. / periodico

Berta López

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EL PERIÓDICO testea cada día las afirmaciones de los candidatos en campaña.

"Arrimadas fue con su grupo a ver a Puigdemont y les cayó una multa de 6.000€ por manifestación no autorizada"

Laura Borràs, JxCAT

— Número dos de JxCAT por Barcelona

La visita a Puigdemont de la líder de Ciudadanos en Catalunya junto con una comitiva del partido generó bastante revuelo. El motivo del viaje -cuyos costes ascendieron a 15.000€ según  algunas fuentes- fue avisar al 'expresident' de que "la República no existe", lo que fue entendido por muchos como una estupidez y una provocación. Además, según un comunicado que emitió la policía de la localidad, los naranjas recibieron quejas por parte de vecinos y policía, por haber celebrado "una manifestación no autorizada en la vía publica" y por haber molestado a los vecinos con los generadores eléctricos que instalaron. Si bien es cierto que la Policía de Waterloo anunció posibles sanciones para el partido de Rivera Arrimadas, rápidamente salió a desmentir que el reglamento policial previniera una sanción con una cuantía tan elevada como la que circuló por redes sociales y a la que hizo referencia Borràs en el debate de 'La Sexta Noche', sino que como máximo, la multa habría ascendido a 350€. Sin embargo, por razones de confidencialidad la policía de la localidad belga rechazó hacer públicas las supuestas sanciones.

"Porque se aceptan ruedas de prensa para los señores Sánchez y Junqueras y no por otro preso por corrupción o violación? Son de mejor naturaleza?"

Cayetana Álvarez de Toledo, PP

— Candidata del PP por Barcelona

La resolución de la Junta Electoral Central de permitir a los líderes del 'procés' ofrecer una rueda de prensa desde la cárcel se basó en el artículo 3.1 de la ley general penitenciaria que apunta que "los internos podrán ejercitar los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, sin exclusión del derecho de sufragio, salvo que fuesen incompatibles con el objeto de su detención o el cumplimiento de la condena". No se trata pues de la naturaleza del preso, sino del respeto a los derechos políticos de un interno -que además se encuentra en calidad de preso preventivo, no ha sido condenado- que ha decidido presentarse como candidato en las elecciones generales. Siempre y cuando no se perjudicara el correcto funcionamiento del centro -razón por la cual le han sido denegadas a Oriol Junqueras la participación en las entrevistas y debates de los días 18, 24 y 25- y que los anteriormente citados derechos no fueran incompatibles "con el objeto de su detención o el cumplimiento de la condena", todo preso que se presentara a unas elecciones tendría derecho a ofrecer entrevistas, ruedas de prensa y participar en debates si la Junta Electoral Central así lo dictaminara.

"En el 2011 volvimos a revalorizar las pensiones, después de que Zapatero las congelara"

Teodoro García Egea, PP

— Secretario General del PP y Diputado por Murcia

En 2012, con la sustitución de José Luís Rodríguez Zapatero por Mariano Rajoy al frente de la Moncloa, las pensiones se revalorizaron un 1%. Soraya Saez de Santamaría, en aquél entonces vicepresidenta del Gobierno, explicó que la actualización se llevó a cabo en función de la previsión del incremento del IPC para 2012. Sin embargo, la estimación fue intemperadamente errónea. Según datos del INE, a lo largo del 2012, el IPC subió un 2,7% y por lo tanto, con la llegada al Gobierno del Partido Popular, los jubilados siguieron con la perdida de poder adquisitivo que comenzó con la congelación de las pensiones en mayo de 2010.

"Hemos revalorizado las pensiones", presumen a menudo los populares. Sin embargo esta es una afirmación trampa, pues el método de los populares se basa en vincular las pensiones no solo al precio de la vida sino también a la evolución de la economía, del déficit público y los ingresos y gastos de la Seguridad Social. Esto significa que el aumento de la pensión queda sujeta -además de al IPC- al crecimiento económico de un país y por lo tanto, en un momento de depreciación económica, las pensiones no aumentan aunque el precio de la vida haya subido, lo que conlleva pérdida de poder adquisitivo