LOS PROGRAMAS ELECTORALES

Las propuestas de los partidos para el 28-A: violencia machista

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Berta López

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El año pasado 47 mujeres fueron asesinadas en manos de sus parejas o exparejas y en lo que llevamos de año ya son 16, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las fallecidas por violencia machista. Si bien es cierto que la cifra de 2018 es la más baja en 15 años, la violencia machista siendo sin duda una de las lacras más grandes de nuestra sociedad. Las propuestas de los diferentes partidos políticos para hacerle frente son diversas, desde el “solo sí es sí” al “vamos a perseguir las denuncias falsas”.

Cambio de nomenclatura o de concepto

Los principales partidos, PP, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos coinciden en la necesidad de desplegar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado -con la abstención del partido morado, que lo consideró insuficiente- en el Congreso de los Diputados. Los populares, ponen el foco en los colectivos vulnerables: mujeres discapacitadas, menores y adolescentes, mujeres del ámbito rural e inmigrantes y se comprometen en mejorar la coordinación entre instituciones para hacer frente a este tipo de violencia. Sin embargo, el candidato del PP a la Moncloa, Pablo Casado, se ha hecho suyo el discurso de la ultraderecha y es ahora partidario de cambiar el concepto de “violencia de género” por “violencia doméstica” alegando que a pesar de que “el 75% de las víctimas de violencia en el hogar son mujeres, también hay un 25% de que no lo son”. Mientras que el PP propone un cambio en la nomenclatura, haciendo cada vez más difuso el concepto, los podemistas y Junts per Catalunya defienden un cambio en el significado del concepto para que este incluya todos los tipos de violencia contra las mujeres y no solo la que es ejercida por parte de la pareja o la expareja.

Del “no es no” al “solo sí es sí”

También los socialistas hacen un llamado a “prestar especial atención” a los colectivos de mujeres más vulnerables a convertirse en víctimas de esta lacra: las del mundo rural, las discapacitadas, mayores y las que son parte de minorías étnicas o migrantes. El partido de Sánchez se propone a trabar entorno tanto al eje de prevención como de respuesta: dotando al sistema judicial de las herramientas necesarias para hacer frente a las denuncias y incluyendo en el currículo de las distintas etapas educativas “formación específica en igualdad, educación afectivo-sexual y de prevención de la violencia de género”. Al igual que Unidas Podemos -que también propone una asignatura de feminismos- los socialistas abogan por pasar del “no es no” a la máxima de “solo sí es sí”, colocando el consentimiento expreso en el centro del debate.

Esquerra Republicana denuncia que en el actual sistema patriarcal “la justicia ampara violadores y pone en duda las mujeres” y defiende una “república feminista donde las mujeres se sientan libres”. Proponen formar “en perspectiva de género y violencia machista” a los profesionales del sistema judicial y de los cuerpos de seguridad. Los republicanos destacan especialmente el papel de los jóvenes en la lucha por la erradicación de la violencia machista.

El mito de las “denuncias falsas”

Derogar la Ley de Violencia de Género “y toda norma que discrimine a un sexo de otro”, propone Vox, que prefiere centrarse en el 0,01% de denuncias falsas según la Fiscalía que en las 650 mujeres que han sido asesinadas en manos de sus parejas o exparejas desde 2008. Así pues, los ultraderechistas apuestan por suprimir los “organismos feministas radicales subvencionados” y por perseguir las denuncias falsas. La Ley de Violencia de Género sería sustituida por una Ley de Violencia Intrafamiliar que “proteja igual a ancianos, hombres, mujeres y niños”.

Sin indagar mucho en el tema, Ciudadanos -que este martes ha hecho público su programa electoral- propone ampliar las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer “para que juzguen todos los delitos que supongan violencia machista, entre las que se incluyen los de violencia sexual”, así como la creación de mecanismos para asegurar que los fondos destinados a combatir la violencia machista “son utilizados para tal fin”.