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elecciones generales 28-A

Casado quiere volver a quitar la sanidad a los inmigrantes irregulares

Avisa de que el Estado de bienestar "no es sostenible" con la migración irregular

Pilar Santos

El presidente del PP, Pablo Casado, en su visita este agosto a Algeciras.

El presidente del PP, Pablo Casado, en su visita este agosto a Algeciras. / Jorge Guerrero (AFP)

El presidente del PP, Pablo Casado, recuperó este lunes en Canarias el discurso alarmista contra la inmigración irregular que desplegó el pasado verano y afirmó que el Estado del bienestar "no es sostenible" si los extranjeros no llegan "por el cauce legal".

En una pequeña intervención en el puerto de Las Palmas aseguró que su idea es volver a aplicar "la ley de racionalización del sistema sanitario del 2012", que supuso restringir la Sanidad para los extranjeros 'sin papeles'. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un decreto el pasado mes de septiembre para acabar con esa norma del Ejecutivo de Mariano Rajoy con el objetivo de que España volviera a tener un modelo universal. Todos los grupos parlamentarios respaldaron el decreto menos el PP, que votó en contra, y Ciudadanos, que se abstuvo.

Casado, como hizo en su momento la ministra popular Ana Mato, justificó ese 'tijeretazo' con el llamado turismo sanitario. Ya entonces los conservadores alegaron que pretendían acabar con los abusos de los ciudadanos europeos que viajaban a España para aprovecharse del sistema público. Pero la norma afectó también a los inmigrantes 'sin papeles' que entre 2012 y el otoño de 2018 solo podían acceder a urgencias, maternidad y pediatría. "Queremos que se ponga en práctica esa ley de racionalización del sistema sanitario del 2012 que acababa con el turismo sanitario (…) Se permitía la acogida y la atención en urgencias, maternidad y enfermedades infecciosas, pero, evidentemente, no permitía que ese turismo sanitario sin contraprestación del país de origen pusiera en riesgo nuestra sanidad pública universal y gratuita", declaró el candidato del PP a la Moncloa.

'Efecto llamada' tras el Aquarius

El presidente de los conservadores tuvo intervenciones en Gran Canaria y Tenerife y en ambas señaló que aunque España "es un país solidario, de acogida, [la inmigración]; se tiene que hacer por el cauce legal, porque si no el Estado del bienestar no es sostenible". Casado repitió el argumento de que la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de acoger el 'Aquarius' en Valencia, el pasado junio, tuvo un 'efecto llamada' que ha provocado que hayan llegado "un 170% más de inmigrantes irregulares durante el Gobierno de Sánchez".

El líder del PP no incluyó en sus comentarios sobre este complejo asunto, en el que influye la situación política de los países de origen y las decisiones de Bruselas, que ese mismo mes de junio los Ejecutivos de Malta e Italia decidieron cerrar sus puertos.

"Preservar las fronteras"

El candidato conservador dijo que no es cuestión de alarmar", pero cree que España está ante una "oleada" de inmigrantes. Defendió "volver a la política de inmigración" que el PP "ha tenido siempre", que pasa por el "apoyo y respeto" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la equiparación salarial que, en su opinión, ha "ralentizado" el  PSOE y "medidas de contención" en la valla de Ceuta y Melilla. También ha pedido que "se pongan en marcha radares inactivos en Lanzarote y otras islas" que permitirán "preservar las fronteras" y "prevenir que haya naufragios" en el mar.

El sucesor de Rajoy recordó que los socialistas se comprometieron a quitar las concertinas y que al final no lo hicieron. Minutos después se conoció el programa electoral del PSOE y se puede leer que vuelven a incluir esa propuesta.

Casado aspira a desbancar a Sánchez de la Moncloa con una alianza con Ciudadanos y Vox, el mismo tripartito que en la Junta de Andalucía. Allí, los ultras en los días de negociación del acuerdo llegaron a exigir que el Gobierno autonómico de Juanma Moreno se comprometiera a expulsar a los 52.000 imigrantes ilegales que, según la formación, viven en esa comunidad. El partido de Santiago Abascal aseguró en una nota que el Ejecutivo de Susana Díaz "encubría" la inmigración irregular y que poseía "documentación necesaria" para echar a esas personas y le acusó de "no compartir" la información con la policía.