LA ENCRUCIJADA CATALANA
Turull, Rull y Sànchez piden al Supremo poder hacer campaña durante los recesos del juicio
Los tres encausados solicitan al tribunal que les permitan conceder entrevistas a los medios, grabar "spots" electorales o incluso realizar ruedas de prensa
Los 'exconsellers' Jordi Turull y Josep Rull y el exlíder de ANC Jordi Sànchez, candidatos al 28-A, han pedido al tribunal del 'procés' que les conceda permisos para salir de prisión e ir a actos de campaña o de lo contrario que les permita dar ruedas de prensa y grabar vídeos electorales en el Supremo. Una petición que dirige su abogado, Jordi Pina, al alto tribunal en un escrito después de que este les denegase la libertad provisional al considerar que sus derechos políticos y de defensa están garantizados aunque estén en prisión.
Tras esta negativa, el letrado pide que el tribunal conceda permisos a los tres acusados, que se encuentran en prisión preventiva, "para poder acudir debidamente custodiados si fuera necesario por las fuerzas de seguridad del Estado a los actos de campaña de sus candidaturas, incluidos aquellos debates electorales a los que sean invitados por los medios de comunicación".
Todo ello con el fin de que se les permita "intervenir en condiciones de máxima igualdad con los restantes candidatos en la campaña electoral". Los tres son cabezas de cartel por JxCat en distintas circunscripciones: Sànchez por Barcelona, Turull por Lleida y Rull por Tarragona.
En caso de no atender a su petición, los tres encausados solicitan al tribunal que les permitan conceder entrevistas a los medios, grabar "spots" electorales o incluso realizar ruedas de prensa durante la campaña en los recesos del juicio o antes del inicio de las sesiones "desde la propia sede del Tribunal Supremo".
En su escrito el letrado argumenta que el derecho de participación política es "indisociable" con la posibilidad de exponer públicamente "las razones" que motivan las candidaturas de sus representados y la "petición del voto al conjunto de los ciudadanos".
Además, el letrado Pina considera su petición "conforme con el principio de proporcionalidad" dado que permite conjugar los fines de la prisión preventiva con el legítimo ejercicio de los derechos políticos.
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