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ESCRITO DE LA DEFENSA

La defensa de Trapero alega que "jamás" puso a los Mossos al servicio del independentismo

El exjefe de la policía pide la absolución ante la Audiencia Nacional y niega haber compartido el plan del Govern

El 'major' sostiene que en todo momento se puso a las órdenes de la autoridad judicial y de la fiscalía

J. G. Albalat

Josep Lluís Trapero y su abogada, Olga Tubau, durante su declaración en el Supremo.

Josep Lluís Trapero y su abogada, Olga Tubau, durante su declaración en el Supremo. / EFE

La defensa del exjefe de los Mossos, el 'major' Josep Lluís Trapero, ha presentado el escrito de conclusiones a la Audiencia Nacional donde pide la absolución. La letrada Olga Tubau remarca que Trapero, que se enfrenta a una petición de 11 años de cárcel,  no ha "puesto jamás" a los Mossos al servicio de los "intereses políticos secesionistas" y que no ha "participado, no ha intervenido y no ha compartido" el plan que ideó el Govern y el Parlament de Catalunya para alcanzar la independencia y la proclamación de la república.

La abogada sostiene que Trapero "ha desarrollado siempre su actuación profesioanl" al mando de los Mossos "desde el más riguroso respecto al orden jurídico constitucional", obedeciendo y cumpliendo los mandatos judiciales y de la fiscalía. La defensa detalla que el major no tuvo ninguna intervención en la elaboración del Libro Blanco de la Transicional Nacional, ni  participó ni tenía conocimiento de documentos que la fiscalía considera claves, como  'Enfocats', que la acusación señala como hoja de ruta soberanista. Incide en que no situó tampoco a responsables del cuerpo policial en ningún comité "estratégico y ejecutivo

El texto recuerda que el que fuera jefe de la policía de la Generalitat que el 25 de octubre del 2017, dos días antes de la proclamación de la indendependencia, encargó a sus mandos un dispositivo con el fin de atender órdenes que pudiera recibir. Sin nombralo, Trapero se refiere a los planes que se habían diseñado para, si así se lo ordenaban, proceder a la detención del entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de los miembros de su gobierno. El mayor, según argumenta su letrada, se puso de "forma inequívoca" a las órdenes del presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y de la fiscalía. "Los responsables políticos implicados no podían contar con el cuerpo de los Mossos en sus designios secesionistas", enfatiza.

Ni por acción, ni por omisión

Trapero niega que impidiera, "ni por acción ni por omisión", que se desarrollara en "condiciones legales" el registro de la Guardia Civil el 20 de septiembre del 2017 en la Conselleria d'Economia, ni propició que se "concentrase a lo largo del día una gran masa de personas" frente al edificio. Destaca que del propio atestado del instituto armado se "desprende que no hubo ningún levantamiento o sublevación tumultuario de las personas congregadas". Respecto al dispostivo del 1-0, alega que nunca pretendió "enmascarar" una "dolosa inacción policial tendente a no evitar la celebración del referéndum" y que siguió las indicaciones de la jueza de que actuaran con "pacienda, contención y garantizando" la paz. En su escrito hace alusión a dos reuniones anteriores con Puigdemont en las que alertó de "problemas graves"  de seguridad que se podían producir el día de la consulta, instando al Govern a que "cumpliera la legalidad". 

El exsecretario general del Departamento de Interior de la Generalitat Cesar Puig i Castañas, defendido por el abogado Jaume Alonso Cuevillas, asegura en su escrito que no tenía ninguna competencia sobre los Mossos y,  por tanto, no pudo ordenarles que actuasen o dejasen de actuar para favorecer el 1-O. El exdirector general de la policía de la Generalitat, Pere Soler, representado por los abogados Pau Ferrer y Cristobal Martell, sostiene que no dio instrucciones políticas a los Mossos y que los "abstrajo" de los "compromisos y horizone" del Gobierno catalán para celebrar el 1-O, garantizando "una total autonomía operativa del cuerpo". Estos dos exaltos cargos se enfrentan a una petición de pena de 11 años de cárcel.